2023 Dic 02 El riesgo autoritario. Ana Laura Magaloni Kerpel.
Es claro que el Presidente se ha propuesto debilitar al Poder Judicial federal y a la Suprema Corte. En primer término, como lo ha dicho una y otra vez, AMLO está por presentar una reforma constitucional para que los ministros y demás jueces federales sean electos a través del voto ciudadano. Más allá de si se aprueba o no el Plan C, lo cierto es que la sola confrontación permanente con la Corte y el Poder Judicial va a ir debilitando gradualmente a los jueces. Además, AMLO es el primer Presidente que abiertamente dice que quiere que a la Suprema Corte lleguen jueces que siempre le den la razón jurídica (aunque no la tenga). Esa quizá sea la aspiración de cualquier Presidente, pero lo que llama la atención es que AMLO la haga explícita, para que todos lo sepamos, incluida la futura ministra.
Esta semana, además, agregó algo más a su reforma judicial: la creación de tribunales especiales para juzgar a los jueces, es decir, el Presidente quiere que existan nuevos instrumentos de disciplina y castigo hacia los impartidores de justicia. Está claro que lo que se ha propuesto el Presidente es debilitar la autonomía del Poder Judicial federal y con ello diluir la posibilidad de que existan los contrapesos propios de una democracia constitucional. Esta es una película conocida, basta con revisar la historia judicial del siglo pasado.
Estoy convencida que el Presidente y posiblemente también Claudia Sheinbaum creen que el Poder Judicial y, en particular, la SCJN, son un obstáculo para la 4T. Para Morena las "formalidades" del derecho estorban. Lo relevante es la política y los resultados de las urnas. Los jueces no deberían interferir.
Uno de los elementos clave de nuestro régimen de partido hegemónico fue justamente el tipo de control político que tenía el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Si bien es cierto que nuestra Constitución siempre ha contemplado el juicio de amparo como un instrumento para que todas las personas puedan hacer valer jurisdiccionalmente la Constitución frente a las leyes y actos de autoridad que estiman violan sus derechos fundamentales, durante el régimen autoritario todos sabíamos que la verdadera "ventanilla" para resolver los conflictos relevantes con la autoridad estaba en el Ejecutivo, no en los tribunales. Los límites al ejercicio del poder en un régimen autoritario son centralmente políticos y no jurídicos. Lo que se propone hacer AMLO con el Poder Judicial federal nos mueve en esa dirección.
Una segunda característica de nuestro régimen autoritario fue que el Presidente y su partido tenían por lo menos la mayoría absoluta en las dos Cámaras, lo que les permitía aprobar cualquier ley. Los diputados y senadores del viejo PRI eran fieles y disciplinados con el Ejecutivo en turno. De esta manera, aunque nuestra Constitución establecía un sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos, en la práctica lo que sucedía era otra cosa: el Ejecutivo construía los acuerdos y jalaba los hilos del poder para que los otros dos poderes avalaran y ejecutaran sus determinaciones, por lo menos las más importantes.
En el contexto político en el que estamos insertos cabe preguntarnos: ¿estamos ante un posible retroceso autoritario y un cambio de régimen político? El proceso electoral apenas comienza. Es posible, sin duda, que Xóchitl crezca y que Morena no logre la mayoría absoluta en las dos Cámaras. Esperemos que ello suceda. Sin embargo, también es posible que Morena gane de nuevo la Presidencia y que, junto con sus aliados, logre preservar la mayoría absoluta en ambas Cámaras. En este segundo escenario, diluir la autonomía del Poder Judicial es particularmente delicado. Si Morena se va haciendo gradualmente del control político del Poder Judicial y, además, preserva la posibilidad de aprobar leyes sin necesidad de acuerdos con la oposición, estaremos ante un restablecimiento gradual de un régimen autoritario. Ello hace eco con nuestra historia y nuestra cultura política. ¡Cuánto nos estamos jugando en esta elección!
Tomado de Reforma