2024 Abr 01 ¿Cómo recuperar el territorio? Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Un primer paso para recuperar el control territorial está vinculado con un trabajo a fondo de depuración de las instituciones militares y policiales.
Decía la semana pasada, en este mismo espacio, que la recuperación del territorio por parte del Estado mexicano debe figurar como uno de los tres objetivos prioritarios de la próxima administración en materia de seguridad. Sin un genuino control territorial por parte de las autoridades, los habitantes de un espacio geográfico están a la merced del crimen organizado. Quienes habiten el territorio pueden ser levantados, desaparecidos o acribillados, sin que exista la menor probabilidad de que los agresores paguen algún costo por ello. Los negocios visibles, a pie de calle, por otra parte, seguramente deberán pagar un impuesto criminal, pues, de otra manera, sus instalaciones serán blanco de rafagueos o incendios provocados, y si el impago persiste, los propios gerentes o dueños de esos negocios podrían ser víctimas de ataques directos.
En la actualidad, las autoridades toman comúnmente tres tipos de decisiones para dizque arrebatar el control territorial al crimen. A nivel federal, la Guardia Nacional ha optado por construir numerosos cuarteles en diversos puntos del territorio nacional. Para tener una idea de la dimensión de este esfuerzo, en términos financieros y humanos, solamente en Acapulco la Guardia Nacional está construyendo ahora 40 nuevos cuarteles. Los gobernadores, por otra parte, están enfocados en colaborar en la instalación de Bases de Operación Mixta, que comúnmente son cuarteles temporales en zonas rurales donde se registra violencia criminal. Estas bases son mixtas porque concentran elementos del Ejército, la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales. Por cierto, los gobernadores también impulsan la colaboración de las policías estatales con los miembros de diversas agencias federales en operativos carreteros, especialmente durante periodos vacacionales.
En el caso de las alcaldías, finalmente, un alto número de sus titulares (como es el caso de Chilpancingo) han priorizado “el rescate de espacios públicos” (como plazas, parques, corredores peatonales y centros deportivos) como un instrumento útil para alejar a los jóvenes de la criminalidad callejera y procurarles “un sano esparcimiento” y espacios que propicien “la convivencia social”. De acuerdo con los presidentes municipales, estas acciones también son útiles para recobrar espacios.
Ahora bien, estas acciones, por sí mismas, están lejos de lograr la pretendida recuperación del territorio. Sin duda alguna, varias de ellas pueden contribuir a alcanzar este objetivo, pero esa contribución se materializará siempre y cuando estas acciones estén contempladas en un conjunto de acciones más amplio. Por ejemplo, de nada servirá construir más y más cuarteles de la Guardia Nacional mientras el crimen organizado tenga penetradas no sólo las instituciones estatales, como las fiscalías y las secretarías de seguridad, sino también a la propia corporación militar, como sucedió con el personal de los batallones 27 y 41 de infantería, en el caso Ayotzinapa.
De modo que un primer paso para recuperar el control territorial está vinculado con un trabajo a fondo de depuración de las instituciones militares y policiales. Una vez que esta depuración sea una realidad será indispensable el desmantelamiento de las principales células criminales de la zona, empezando con aquellas que sean consideradas como las más violentas. Sin este trabajo de neutralización criminal, el personal de investigación de la fiscalía estatal, y los propios policías estatales y municipales, se encontrará en riesgo inminente de ser levantado y asesinado por los grupos criminales dominantes.
Una segunda medida indispensable para recuperar el control territorial será diseñar e implementar nuevas regulaciones del transporte público ahí donde los grupos criminales se hayan apoderado de este servicio, como sucede actualmente en áreas urbanas como la de Chilpancingo, donde Tlacos y Ardillos sostienen una violenta disputa que ha cobrado la vida de decenas de conductores y pasajeros, víctimas de las represalias de las bandas por la circulación de vehículos de transporte en rutas que ellos consideran bajo su dominio. A nivel macro, esta misma lógica de combate al crimen que controla el transporte público deberá aplicarse en varios tramos carreteros para reducir el robo al transporte de carga (aunque lógicamente deberán introducirse varios ajustes importantes).
Una tercera medida urgente para recuperar territorios es que las policías municipales adopten un perfil de proximidad social, lo que les permitirá ganarse gradualmente la confianza de la población, elemento clave para la recuperación de un área geográfica. Si las autoridades políticas y policiales no cuentan con la credibilidad y la confianza de la gente, la recuperación del territorio será más una fantasía que una realidad. Simultáneamente al trabajo de proximidad de las policías, las dependencias de carácter social de los tres ámbitos de gobierno deben desplegar sus acciones coordinadamente en el territorio para elevar el impacto de los programas sociales, lo que permitirá erosionar la base social con la que cuenta el crimen organizado en la zona.
Por último, un efecto indirecto de las políticas sociales deberá ser la activación y articulación de las organizaciones comunitarias presentes en la zona. Actualmente, muchas de estas organizaciones están desmovilizadas, tanto por las agresiones y amenazas del crimen, como por el efecto del esquema de asignaciones directas con el que actualmente funcionan los principales programas de asistencia social. La activación de estas organizaciones comunitarias, especialmente de aquellas cuyos miembros trabajan en la calle, permitirá a las autoridades contar con un aliado clave, pues serán una fuente inagotable de inteligencia social, la cual podrá utilizarse para lograr la recuperación del control territorial.
2024 Mar 25 Tres prioridades para la seguridad del próximo gobierno. Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Sería necesario establecer límites para la intervención militar e incentivos para que los estados y los municipios vuelvan a asumir su responsabilidad en materia de seguridad.
López Obrador nos queda a deber mucho en materia de seguridad. En los últimos dos años hemos observado una ligera disminución de la violencia criminal. Fuera de esa modesta mejora, las cosas en su gobierno han seguido más o menos igual a como las dejó Peña Nieto; es decir, que están para llorar (con las excepciones de la extorsión y de la desaparición de personas, rubros en los que el empeoramiento es notable). Me gustaría pensar que, a partir del próximo 1 de octubre, la nueva presidenta finalmente dará un golpe de timón, y que el país tomará la ruta de la pacificación. No está fácil. Para solucionar los grandes problemas hay que tomar decisiones difíciles, políticamente costosas, y que tienen muy poco que ver con las ideas ‘taquilleras’ que vamos a escuchar en las campañas. Sin embargo, como soñar no cuesta nada, a continuación describo las decisiones que, en mi opinión, deben ser las tres prioridades que la próxima administración tendría que implementar para detonar un cambio.
Primera prioridad: un nuevo entendimiento, de largo plazo, con las Fuerzas Armadas. Dadas todas las tareas, recursos y poder que el Ejército ha concentrado en los últimos años, la relación entre la nueva presidenta y la cúpula militar será una de las cuestiones más apremiantes después de las elecciones. En este punto habrá una gran interrogante si gana Claudia Sheinbaum. Por un lado, la abanderada de Morena ha manifestado su intención de mantener al Ejército al frente de la seguridad del país. Por otro lado, son conocidas las diferencias que existen entre la plana mayor de Sedena y quien naturalmente sería su secretario de Seguridad: el actual candidato a senador por el PVEM, Omar García Harfuch. Al menos, claro, que Sheinbaum mande a García Harfuch a Segob, como también se ha especulado.
También debo reconocer que soy un tanto escéptico sobre la intención de Xóchitl Gálvez de convertir a la Guardia Nacional en una institución ‘totalmente civil’. Me parece que este planteamiento parte de una concepción errada. Mientras el crimen organizado cuente con ejércitos privados, necesitaremos que le haga frente una fuerza de carácter militar. Es decir, con equipamiento y tácticas militares (es por eso que ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha podido hasta ahora mandar a los militares ‘a sus cuarteles’).
Lo deseable, gane quien gane, sería reconocer que el crimen organizado es una amenaza de carácter militar. A partir de ahí, se podría establecer un proyecto conjunto con las Fuerzas Armadas, de manera que el Estado mexicano cuente con una corporación nacional consolidada, dedicada al combate a las organizaciones de mayor peligrosidad, cuya existencia no se someta a discusión cada sexenio. Al mismo tiempo, sería necesario establecer límites para la intervención militar, e incentivos para que los estados y los municipios vuelvan a asumir su responsabilidad en materia de seguridad, ahí donde las circunstancias lo permitan.
Segunda prioridad: recuperar el territorio. Una vez que se ponga de acuerdo con el Ejército, la mejor señal que podría darnos la próxima presidenta sería presentar un planteamiento para recuperar aquellos territorios donde hoy los criminales son los que mandan. Que nos explique qué piensa hacer para que se terminen las extorsiones que actualmente pagan cientos de miles, si no es que millones de mexicanos. Que nos diga también qué va a pasar en aquellos municipios donde la policía claramente está coludida con los criminales, y en aquéllos donde un candidato ganó las elecciones con apoyo de un grupo criminal. Que detalle, por último, qué va a hacer para terminar con la corrupción de los elementos que patrullan las carreteras del país, que lo mismo antes con la Policía Federal, que ahora con la Guardia Nacional, son una mafia que extorsiona o solapa a los extorsionadores.
Tercera prioridad: fortalecer las fiscalías. Una de las razones del fracaso en materia de seguridad de las últimas décadas es que las autoridades, casi invariablemente, privilegian medidas tangibles y de corto plazo: reclutar elementos (llámense policías o guardias nacionales), comprar equipo, poner cámaras, realizar detenciones de alto perfil. Sin embargo, estas medidas no atienden el problema de fondo: cometer casi cualquier delito es buen negocio, porque –salvo que los detengan en flagrancia o que la víctima esté muy bien conectada– el riesgo de terminar en la cárcel es cercano a cero. Entonces, una tercera prioridad para el nuevo gobierno sería buscar la forma de romper este ciclo de impunidad. Lo anterior pasa por un replanteamiento de los presupuestos, con más recursos para aumentar las capacidades de investigación en las fiscalías. También pasa por un acuerdo nacional, con reglas claras e incentivos para corregir los vicios, hasta ahora intratables, de los sistemas de procuración de justicia en los estados.
Tomado de: El Financiero.