Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos. Manuales, mentalidades y uso de la Antropología. Gilberto López y Rivas.
Terrorismo global de Estado
Para poder explicar el fenómeno de terrorismo global de Estado es necesario observar sus implicaciones con el fascismo, pues existe una relación estrecha entre ambos. De hecho, una definición clásica de fascismo, que se produce en 1935 por la Internacional Comunista plantea que “Fascismo en el poder es la dictadura abierta y terrorista de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”. Esto es, el terror de la burguesía para proteger sus intereses estratégicos, utilizando las variantes nacionalistas, el apoyo de clases medias descontentas y sectores desclasados del movimiento obrero.
El terrorismo del capital financiero nazi-fascista, por ejemplo, se desarrolló en un espacio internacional multipolar que guardaba un precario equilibrio y chocó con una amplia alianza de potencias capitalistas y con la enorme fuerza socialista de la época representada en la Unión Soviética. Además, el fenómeno fascista, con su aniquilamiento de las “razas inferiores”, comunistas, minorías étnicas, homosexuales, discapacitados, etcétera, y su expansionismo territorial, era un proyecto imperialista de dimensiones limitadas. “El mundo” de mediados del siglo xx, no había alcanzado las dimensiones globalizadas del actual.
También, la identificación de fascismo para definir el fenómeno que se manifiesta a partir de las guerras neocoloniales a Afganistán e Irak es necesaria, porque no se ha generado todavía un término más adecuado para caracterizarlo. La ideología y la práctica política supremacistas del grupo que encabezó George W. Bush en su pasada presidencia y, su continuación en las administraciones de Obama, con la noción de que Estados Unidos es y seguirá siendo la “única nación indispensable” (en el mundo), guardan grandes similitudes con el fascismo, (tales como el predominio del militarismo y la creencia ciega en la tecnología militar, el favoritismo hacia las grandes corporaciones en la distribución de contratos militares, el racismo que se expresa en el genocidio de pueblos enteros, el ultra nacionalismo, el darwinismo social, etcétera), aunque, naturalmente, la coyuntura histórica de principios del siglo xxi es muy distinta a la del siglo xx.
En 1998 se llevó a cabo la Convención de la Organización de la Conferencia Islámica sobre la lucha contra el terrorismo internacional. Dicha Convención elaboró un documento que en su artículo primero puntualiza que terrorismo es:
“Cualquier acto de violencia o amenaza, prescindiendo de sus motivaciones o intenciones, perpetrado con el objetivo de llevar a cabo un plan criminal individual o colectivo con el fin de aterrorizar a la gente o amenazarla con causarle daño o poner en peligro su vida, honor, libertad, seguridad, derechos” .
A renglón seguido la declaración manifiesta en el artículo 2.
“La lucha de los pueblos, incluida la lucha armada contra el invasor extranjero, la agresión, el colonialismo y la hegemonía, que persigue la liberación y la autodeterminación de acuerdo con los principios del derecho internacional no se considerará un crimen terrorista”.
Los estadounidenses tienen otra visión del terrorismo, la cual se expresa en la siguiente definición: “violencia premeditada, con motivación política, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no estatales o por agentes estatales clandestinos, habitualmente con el propósito de influir en una población”.
La anterior definición olvida algo fundamental: la situación latente en el lugar del acto catalogado como terrorista y, en consecuencia, la naturaleza defensiva u ofensiva del acto violento. Tal definición también olvida referirse al Estado como una entidad que puede infundir terror directamente y no de forma sólo “clandestina”. Con lo anterior, los estrategas estadounidenses (a los que hay que sumarles los europeos e Israel) intentan evadir su responsabilidad en sus acciones violentas dirigidas contra otras naciones en sus lances neocolonialistas e imperialistas. Esta es la razón por la cual los representantes de Estados Unidos y de otros países capitalistas se negaron a que se ampliara la definición de terrorismo a los actos cometidos por los Estados en el debate sobre el tema en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Distintos analistas, entre ellos, Noam Chomsky y William Schulz (dirigente de Amnistía Internacional en Estados Unidos), aseguran que existe una forma de terrorismo de Estado, pues cuenta con el soporte del aparato estatal para su puesta en práctica. Chomsky asegura que existen varios tipos de terrorismo: Terrorismo internacional, terrorismo a gran escala (dirigido contra un grupo numeroso de personas), terrorismo a pequeña escala (enfocado hacia individuos), terrorismo individual y terrorismo de Estado.
Acerca de este último, Schulz señala que existen tres niveles fundamentales de la represión del sistema social de clases: El primero pasa por una estructura económica, el segundo nivel es el del ejercicio de la represión sistémica “ordinaria” del Estado, el tercer nivel es el de represión estructural que perpetra el Estado en violación de las normas del derecho nacional e internacional. Esto es, el terrorismo de Estado se ve obligado a transgredir los marcos ideológicos y políticos de la represión “legal” (la justificada por el marco jurídico tradicional) y debe apelar a “métodos no convencionales”, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada.
Un problema de fondo para definir al terrorismo es considerar que, en la gran mayoría de los casos, el derecho se tuerce y se retuerce a favor de los grandes intereses y, lamentablemente, perjudica a los débiles. ¿Qué podemos pensar de un Estado, como el estadounidense, que ha acumulado un enorme poder destructivo al ponerlo en la balanza de la justicia? ¿Qué decir de las invasiones a Afganistán e Irak, donde el gobierno estadounidense ni siquiera se tomó la molestia de declarar la guerra, quebrantando el sistema internacional consagrado en la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo meter en el mismo rasero a los kamikazes palestinos y al Estado de Israel, cuando este último realiza una guerra de ocupación y aniquilamiento del pueblo palestino, violentando cuanta recomendación de la ONU se ha elaborado para detener la guerra de exterminio?
Si se da una posición contrapuesta a la hora de definir el terrorismo, inevitablemente se tienen que observar las condiciones objetivas de las situaciones particulares en las que se desarrolla. No podemos promover justicia en un espacio en el que se ponen a convivir leones con corderos. Este tipo de justicia es parcial, pues beneficia única y exclusivamente a quien detenta el poder militar y económico por sobre la soberanía y autodeterminación de los pueblos. El sometimiento creado por los países militar y económicamente avanzados por sobre las naciones subordinadas, inevitablemente lleva a una significación de este proceso como indicador del sometimiento imperialista e, inevitablemente, a la lucha de clases en el ámbito interno.
Sin embargo, utilizar como estrategia prioritaria la acción aislada y beligerante en contra de los ejércitos de ocupación o la dictadura de la burguesía es contraproducente, pues se niega la posibilidad del crecimiento coordinado de un movimiento masivo en contra de la violencia ejercida por los enemigos, pues se le arrebata a la comunidad la voluntad requerida para actuar en conjunto. Trotsky, desde los inicios del siglo XX, sostenía:
Para nosotros el terror individual es inadmisible precisamente porque empequeñece el papel de las masas en su propia conciencia, las hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y libertador que algún día vendrá a cumplir su misión.
Y prosigue:
Nos oponemos a los atentados terroristas porque la venganza individual no nos satisface. La cuenta que nos debe saldar el sistema capitalista es demasiado elevada como para presentársela a un funcionario llamado ministro. Aprender a considerar los crímenes contra la humanidad, todas las humillaciones a que se ven sometidos el cuerpo y el espíritu humanos, como excrecencias y expresiones del sistema social imperante, para empeñar todas nuestras energías en una lucha colectiva contra este sistema: ése es el cauce en el que el ardiente deseo de venganza puede encontrar su mayor satisfacción moral.
También, es necesario deslindar las acciones revolucionarias del terrorismo. El terrorismo finalmente obedece a los intereses de las clases dominantes. Se han presentado en no pocos lugares del planeta, situaciones de degradación de las actividades revolucionarias. Fenómenos de bandidismo, secuestros de población civil, agresiones a pueblos indios, colusión con el narcotráfico y lumpenización de los elementos revolucionarios, indican el siempre latente peligro de desvirtuar los objetivos revolucionarios, si no media el ejercicio permanente del imperativo ético y los principios humanistas que caracterizan al socialismo libertario.
Estados Unidos ha elevado el terrorismo al rango de política estatal global, más dañina y peligrosa para la humanidad porque es llevada a cabo por un aparato especializado y diversificado de subversión, y con el apoyo de la maquinaria bélica del más grande Estado capitalista. A este respecto, Marta Sojo escribe:
Ningún terrorismo es justificable, pero el de Estado es de los más execrables porque utiliza todos los recursos del aparato oficial para ejercer la violencia de manera ilegítima contra sus pretendidos enemigos. Hoy por hoy, este fenómeno es apreciado como uno de los más serios de la contemporaneidad. Hay escasas descripciones de la acepción, pero lo cierto es que, con el tiempo, dadas las sistemáticas violaciones de los derechos humanos a escala universal por las autoridades que deben garantizarlos, el termino ha adquirido especial fuerza.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), desde su fundación en 1947, ha sido el órgano fundamental del gobierno estadounidense para realizar las tareas de la “guerra sucia” que no puede ser caracterizada más que como “terrorismo”, si tomamos la definición de este término del propio Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense como “el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a gobiernos, a la población civil o un segmento de la misma, en la persecución de objetivos sociales o políticos”. Este terrorismo de Estado global no puede ser enfrentado con otro terrorismo, si no con la organización revolucionaria y consciente de todo el pueblo, como sujeto protagónico fundamental, encaminada a establecer un mundo en el que el terrorismo sea una pesadilla de un pasado ya superado.
Destaco los siguientes factores específicos que contribuyen a la profundización del terrorismo y, en particular, del terrorismo global de Estado. La construcción frustrada de variados esfuerzos nacionalitarios y las vicisitudes actuales de los estados nacionales, consttuyen una de las fuentes de las múltiples formas de violencia tanto revolucionaria como terrorista. Los grupos de poder hegemónicos, conjuntamente con los diferentes pueblos y sectores sociales y étnicos, tardaron entre cincuenta y doscientos años en construir los actuales estados nacionales. Esta es una de las fuentes más frecuentes para propiciar formas organizativas que recurren al terrorismo.
Actualmente está minado el concepto tradicional de soberanía nacional, principal sostén del Estado nación, y en muchos casos, los gobernantes se han transformado en virtuales gerentes de las trasnacionales, lo que determina una separación o ruptura de la clase política con la sociedad. Esto tiende a un deterioro del consenso entre gobernantes y gobernados. Esta crisis de legitimidad deriva en que el Estado tenga cada vez menos capacidad de garantizar el desarrollo social y por una aplicación mayor de su fuerza represiva. Con el derrumbe del sistema socialista se eliminó el factor principal del equilibrio mundial. Surge un mundo unipolar en el cual Estados Unidos se erige como la potencia hegemónica, en juez y gendarme planetario. El gobierno de Estados Unidos se ha valido de dictadores, jefes tribales, líderes nacionalistas, jerarcas étnicos y terroristas de todo tipo, para lograr sus objetivos de dominación global.
Otro factor es la existencia de un mercado internacional de armas totalmente incontrolado. Los frecuentes conflictos a escala mundial y su falta de resolución de acuerdo a los intereses de los pueblos, ha generado la persistencia de focos bélicos y el movimiento de gran cantidad de armamento de un lugar a otro del orbe con extrema facilidad.
Estados Unidos e Israel sostienen buena parte de sus economías sobre la base de la industria armamentista, que es de carácter privado. La forma como ha prosperado el negocio de las armas en Estados Unidos, que pone a la disposición de particulares arsenales sofisticados completos, señala una privatización del uso de la fuerza. Atentados como el de Oklahoma, o los realizados en 2019 –verdaderas matanzas de odio– lo demuestran. Otro fenómeno similar ha sido la puesta “al mercado” del enorme potencial armamentista ex soviético, con las mafias involucradas en este lucrativo negocio.
Al desaparecer la contención soviética en Medio Oriente, se incrementó la política agresiva de Israel en la región, lo que ha desatado una espiral de violencia. Los gobiernos ultra nacionalistas israelíes han llevado a cabo campañas militares de exterminio, y han desconocido sistemáticamente las múltiples resoluciones de la onu con respecto al problema con palestina. La posibilidad de una solución pacífica a este largo conflicto se torna siempre difícil, a la vez que multiplica el odio basado en factores nacionalistas, lo que da lugar a posiciones cada vez más irreductibles. Todo ello constituye un ambiente sociopolítico propicio para el terrorismo.
El neoliberalismo provoca fenómenos de polarización en el ámbito global y en cada uno de los países, generando situaciones de exclusión social, económica y política en la mayoría de la población, de tal forma que se crean sociedades neuróticas y criminalizadas. Desapareció el Muro de Berlín y se creó el muro que separa a los globalizados de los marginados, de los excluidos de la globalización. Eso es un foco de conflictos y, por lo tanto, generador de violencia.
La muerte por hambre y enfermedades curables, la pauperización forzada de la mayoría de la población, la idea de que la “política” no sirve, el rencor social o basado en criterios raciales o étnicos, son algunos aspectos que hacen sentir –a escala global– que se está sobre un polvorín.
La derrota circunstancial de las ideas socialistas, sobre todo, las que sostuvo el modelo soviético, posibilitó que el individualismo posesivo y competitivo; un narcisismo que se encumbrara como la cosmovisión predominante en la sociedad de las primeras décadas del siglo xxi. Este comportamiento puede degenerar en darwinismo social que llevaría a la humanidad a un camino sin retorno. Hoy, más que nunca, es urgente un nuevo orden civilizatorio y, entender que, si bien ha muerto una experiencia concreta de socialismo, sigue vivo un sistema de pensamiento que revolucionó el siglo xx y que dejó abierta la posibilidad de un futuro mejor.
El mapa político y económico del mundo se ha transformado de manera regresiva. Asistimos al surgimiento de un nuevo colonialismo de matriz estadounidense que pretende imponerse sobre la humanidad. Con Obama en la presidencia, Estados Unidos se autoproclama “el poder supremo del mundo”. En el Discurso en la Academia Militar de West Point, en mayo de 2014, el presidente afirmó:
Estados Unidos es y seguirá siendo la única nación indispensable. Eso fue cierto en el siglo pasado y será cierto en el siglo por venir. Estados Unidos debe liderar siempre en el escenario internacional. Si no lo hacemos, nadie lo hará. La fuerza militar a la que ustedes se han incorporado es, y siempre será, el soporte fundamental de ese liderazgo. Creo en el excepcionalísimo estadounidense con cada fibra de mí ser. Estados Unidos usará fuerza militar, unilateralmente si es necesario, cuando nuestros intereses esenciales así lo requieran, cuando nuestra patria sea amenazada, cuando nuestro modo de vida esté en riesgo, cuando la seguridad de nuestros aliados esté en peligro… La opinión internacional es importante, pero América (sic) nunca debe pedir permiso para proteger a nuestro pueblo, nuestra patria y nuestro modo de vida.
Esta creencia se fundamenta con argumentos incluso teológicos, merced al “auto convencimiento” de que ese país está designado por la providencia para combatir “el mal”.
Ahora Estados Unidos, con los tres años y medio en la presidencia de Trump, está creando las condiciones para que todo el planeta sea su esfera de influencia. Con este fin, busca vaciar de contenido al conjunto de organismos internacionales creados en la segunda posguerra. Estados Unidos pretende cambiar los ejes rectores de las relaciones internacionales, esto es, sustituir la preocupación por conservar la paz mundial, la solución pacífica de las controversias, y la autodeterminación de los pueblos, por una sola misión: combatir el terrorismo internacional, reservándose el “derecho” de determinar quién es terrorista.
Las invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak por parte de Estados Unidos significaron una afrenta a los pueblos musulmanes. La masacre de civiles, la destrucción de infraestructura material y del patrimonio cultural, no es consecuencia “natural” del choque de civilizaciones, sino fruto de la voluntad hegemónica del imperio unipolar y de la absoluta ignorancia de los gobernantes estadounidenses acerca de lo que Irak significa para el patrimonio cultural de la humanidad.
En octubre del 2007 se presentó el informe “Crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y mecanismos de responsabilidad”, preparado por la abogada especializada en derechos humanos Karen Parker, presidenta de la Asociación de Abogados Humanitarios con sede en San Francisco, California. Este documento, publicado electrónicamente por numerosas organizaciones estadounidenses que se manifiestan en contra de la guerra y la ocupación de Irak, constituye un extraordinario alegato jurídico que de llegar a sus últimas consecuencias llevaría ante una corte internacional al propio George W. Bush, comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias de Estados Unidos en el inicio de la invasión y posterior ocupación de ese país, y a sus generales, por genocidas y criminales de guerra.
El informe parte de la hipótesis que la actual violencia de la guerra y el caos que reinan en Irak son resultados directos de la ilegalidad de la invasión, ocupación del país y de las estrategias, tácticas y armamento utilizados para mantener dicha ocupación. El informe documenta fehacientemente estas transgresiones y convoca a todos los estadounidenses a exigir una investigación para enjuiciar a los dirigentes civiles y militares que violan leyes internacionales y las propias leyes de Estados Unidos. Contrario al argumento del Pentágono de que los abusos y las violaciones a las leyes humanitarias en Irak fueron perpetrados por unas cuantas “manzanas podridas” identificables en los ejércitos de ocupación británico y estadounidense, la investigación sostiene que la esencia misma del inicio de la guerra, los bombardeos, las decisiones tomadas desde la cúspide de la jerarquía civil y militar para la conquista de Irak en el 2003, así como la actuación de las fuerzas ocupantes hasta la fecha, los evidentes fracasos para reconstruir y garantizar la infraestructura civil y social básica y la seguridad pública, el armamento y tácticas de combate a la resistencia, el inhumano trato a hombres, mujeres, ancianos y niños, constituyen crímenes de guerra que integran un contexto general en el que actúa toda la cadena de mando, desde los generales a los soldados rasos.
El trabajo inicia con una revisión de la ley humanitaria internacional que cubre una amplia variedad de instrumentos legales: las Convenciones de Ginebra de 1949 (de la I a la IV) y sus protocolos adicionales (I y II), varias resoluciones de la Asamblea General de la onu sobre Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad, la Convención de Hague, que entre otros temas y disposiciones refieren a los derechos de combatientes enfermos y heridos; los derechos de prisioneros de guerra; los derechos de civiles y su protección en conflictos armados; la prohibición de tipos específicos de armamento, los derechos de fuerzas combatientes y beligerante, etcétera.
Existen tres ramas de la ley humanitaria moderna que rige:
1. La conducta en combate;
2. El tratamiento de las personas afectadas por la guerra;
3. El uso de armas especiales.
Estas leyes prohíben, por ejemplo, los ataques a centros de población civil indefensa, edificios dedicados a la religión, educación, arte y cuidados médicos. No está permitido el pillaje, la toma de rehenes, represalias contra los civiles, las órdenes de no dejar supervivientes, los ataques a hospitales, ambulancias, almacenes de comida, medicinas, presas, instalaciones nucleares y otras que puedan crear un peligro para la población civil. El personal médico no puede ser blanco de ataques ni puede ser juzgado criminalmente por realizar sus tareas. La tortura, incluyendo violaciones o tratamiento inhumano, está prohibida en todas las situaciones. Las partes del conflicto deben ocuparse de heridos y muertos. Están prohibidas armas especiales o no convencionales como las nucleares, bacteriológicas, biológicas o toxicas de cualquier tipo, tales como las municiones con uranio enriquecido, ampliamente utilizadas en la guerra de Irak.
El informe da cuenta para el caso de Irak de graves, permanentes y crónicas violaciones a todas las regulaciones descritas y aquellas que rigen las obligaciones básicas de un poder ocupante. Basta revisar someramente la prensa internacional dedicada a la guerra en este país y aún la controlada por los censores de las fuerzas armadas estadounidenses y británicas, para enumerar la larga lista de trasgresiones al orden jurídico internacional y al propio Código de Estados Unidos sobre Crímenes de Guerra, sección 2441, que estipula la responsabilidad de quienes –dentro o fuera del país– violan las convenciones internacionales firmadas por Washington en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, así como los protocolos de dicha convención.
El Informe va más allá de las posiciones que, en el interior de Estados Unidos, sostienen una actitud ambivalente con respecto al derecho a la resistencia del pueblo iraquí, al afirmar que “los civiles de un país ocupado no tienen obligación de lealtad al poder ocupante y todo civil que toma las armas contra los invasores pierde su calidad de “civil” pero adquiere los derechos y obligaciones de combatiente, tales como ser considerado –en caso de ser detenido– como “prisionero de guerra”. La Convención de Ginebra reconoce el estatus de “combatientes” a las personas que espontáneamente toman las armas frente al enemigo, ya que de acuerdo al principio de autodeterminación y las leyes que lo rigen “un pueblo tiene derecho a resistir, con la fuerza si es necesario, a un ocupante extranjero.” El documento critica el uso del término de “terrorista” o “insurgente”, aplicado indiscriminadamente por los medios y los invasores y reitera que el pueblo iraquí mantiene su derecho a la resistencia hasta que los poderes ocupantes abandonen su país.
Esta estrategia de dominación tiene un efecto contrario al deseado por Washington: en vez de eliminar el terrorismo, genera en numerosos sectores de la población la idea que lo único posible contra la fuerza de Estados Unidos, son los sacrificios y la inmolación.
Dirk Adriaensens, coordinador de la organización SOS Irak, da cuenta en un dramático texto,“2003-2013: resistencia iraquí, guerra sucia estadounidense y remodelación de Oriente Próximo” (www.brussellstribunal.org) de la catastrófica devastación que padece este país ocupado tras más de diez años de iniciada la ilegal e injustificada guerra neocolonial, cuyas secuelas no cesan de aparecer. Lejos de alcanzar el propósito anunciado por los militares estadounidenses en sus manuales de contrainsurgencia, de hacer de Irak un ejemplo de la “construcción de naciones”, a partir de la “democracia” impuesta por los invasores y modelo para la reconfiguración del Medio Oriente, tenemos una población diezmada considerablemente, un Estado desmantelado y en ruinas, un gobierno pelele y, lo que nadie podía imaginar, la reafirmación del nacionalismo iraquí y la resistencia política y armada en medio del caos, la muerte y la destrucción del que fue el país más próspero y progresista de la región, que me tocó conocer en 1989. Irak es la demostración palpable de lo que realmente resulta de las guerras “humanitarias” del imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos en su American way of death.
Adriaensens señala que, tal como lo preveían los integrantes de un grupo de más de 200 economistas opuestos a la guerra (ECAAR, Economists Allied for Arms Reduction), entre ellos siete premios Nobel, los costos de la guerra, calculados en tres billones de dólares por Joseph Stiglitz en su libro The Three Trillon Dollar War (2008)19, sin contar en el balance el diagnóstico, tratamiento e indemnización de los veteranos inválidos, sumieron a Estados Unidos y el resto del mundo en una profunda crisis económica, demostrando claramente las limitaciones y, en particular, las aberraciones del poder estadounidense.
Este autor sostiene que la guerra fue ilegal –según el derecho internacional–, a partir de hechos probados a casi dos décadas de iniciada la guerra:
1. NO había armas de destrucción masiva;
2. NO existía ninguna relación con los terroristas de Al-Qaeda;
3. La guerra NO llevó la democracia a Irak (Stiglitz, 2008).
Fue una guerra de agresión que no contaba con la aprobación del Consejo de Seguridad de la onu y que tampoco podía ser considerada de autodefensa, porque Irak no estaba atacando a Estados Unidos ni le planteaba una amenaza inminente. A la luz del derecho internacional, Estados Unidos es culpable de un supremo crimen de lesa humanidad. Fue una guerra de agresión y de conquista neocolonial contra un país soberano integrante de la ONU.
Se pregunta Adriaensens, ¿qué ha dado Estados Unidos a los iraquíes?: pues una versión extrema y brutal del neoliberalismo de Milton Friedman: desregulación, privatización de entidades públicas y recortes de los servicios estatales. Considera el estudioso de la realidad iraquí actual que el auge del neoliberalismo estadounidense e internacional ha coincidido con el auge de Estados Unidos como potencia militar dominante mundial. Citando al columnista del The New York Times, Thomas Friedman21, Adriansens destaca: “La mano oculta del mercado nunca funcionará sin el puño oculto.”
En palabras del analista:
Estados Unidos ha creado un imperio global en el que da dos opciones a los países: o aceptan o se les destruye… Esta es la razón por la que Irak no sólo tuvo que ser invadido militarmente, sino también destruido por completo, porque se alzaba de forma completamente contraria al modelo neoliberal del Banco Mundial y el FMI… Irak era un acérrimo Estado antiliberal: se negaba rotundamente a ser un Estado cliente de Estado Unidos y había cerrado a los inversores corporativos, estadounidenses o de otros lugares, su participación en cualquiera de los mercados tras las sanciones (que le habían sido impuestas): agricultura, sanidad, educación, industrias, etc. […] restringir (y ya no digamos excluir) de sus mercados a las corporaciones estadounidenses hubiera sido razón suficiente para que Estados Unidos emprendiera acciones decisivas.
Acertadamente, este autor aduce que otra de las razones para invadir Irak es la naturaleza guerrerista del capitalismo:
Para el complejo de la industria militar, para la economía de los Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, etc., para la economía de las sociedades del petróleo y de los fabricantes de armas, para la economía de los estadounidenses ricos que poseen acciones en estos emporios y corporaciones, esta guerra, como las guerras en general, no es sino algo verdaderamente maravilloso porque se embolsarán los beneficios que tan profusamente generan las guerras; (mientras) la muerte y la destrucción la padecerán otros”.
Examinemos los saldos de la guerra y la ocupación de Irak: más de un millón 450 mil muertos, de acuerdo a un estudio científico sobre las muertes violentas (Just Foreign Policy, Iraq Deaths). Dos millones setecientos mil desplazados internos, y dos millones doscientos mil refugiados, la mayoría de ellos en estados vecinos; de los cuales 83% son mujeres y niños, la mayoría de éstos menores de 12 años. La tasa de mortalidad infantil ha aumentado 150% desde 1990, cuando Naciones Unidas impuso sanciones. En el 2007 había cinco millones de huérfanos. El 70% de los iraquíes no dispone de agua potable. El 80% carece de condiciones higiénicas. Más de ocho millones de iraquíes requieren de ayuda humanitaria. En el informe Mercer sobre Calidad de vida que abarca resultados respecto a la ciudad más habitable, Bagdad aparece en el último lugar, como la ciudad menos habitable del planeta debido a la destrucción total, a manos del ejército estadounidense, del sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales, de fábricas, escuelas, hospitales, museos y centrales eléctricas. Este espacio no permite continuar el análisis de datos escalofriantes sobre lo que la ocupación yanqui ha provocado en exceso: desocupados, desaparecidos, presos sin juicio, víctimas de torturas y tratos degradantes, población urbana malviviendo en cinturones de miseria, discapacitados, enfermos por las municiones de uranio empobrecido, víctimas de los bombardeos, etcétera. Y, aun así, el pueblo de Irak, digno, ¡Resiste!
Los repudiables atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, le proporcionaron al grupo gobernante de Estados Unidos las condiciones para: a) legitimar un gobierno surgido del fraude, y b) lanzar una ofensiva contra la humanidad entera, cuya primera etapa impactó al mundo árabe con un slogan nada original: “el que no está conmigo, está contra mí”.
El terrorismo de Estado que se oculta bajo el disfraz de lucha contra el terrorismo, está provocando en la población planetaria un sentimiento generalizado de odio contra el gobierno (que no contra el pueblo) estadounidense. Ese odio creciente tendrá valor si se transforma en una acción política organizada en forma sistemática por parte de pueblos y gobiernos adversarios del imperialismo yanqui, de tal forma que sean derrotados sus intentos regresivos y creen las condiciones para el derrumbe del mundo unipolar.
La lucha contra el terrorismo del gobierno de Estados Unidos es en realidad un embate continuo contra la democracia y los derechos humanos. Esta situación se hace más que evidente después del trágico 11 de septiembre, con el cercenamiento de las libertades civiles del pueblo norteamericano. Las medidas de control migratorio que comprenden un fichaje político-policial de todos los ciudadanos que pretendan ingresar al territorio del vecino del norte, constituyen una nueva violación al Derecho Público Internacional, ya bastante lastimado. Las nuevas autoridades mexicanas, pese a la retórica de la Cuarta Transformación, se prestaron para extender la Patrulla Fronteriza hasta la frontera sur y, en complicidad con Estados Unidos, establecen controles migratorios hacia sus vecinos pobres, que deriva en un estado policial supranacional de claro corte autoritario global.
Capitulación es el término apropiado, aunque sus equivalentes: derrota, sometimiento, rendición o acatamiento, podrían ser utilizados para describir el resultado de las “negociaciones” entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 2019, que llevaron a la militarización de la frontera sur, con el emplazamiento de seis mil efectivos de la Guardia Nacional, que ya inició tareas propias de la odiada y temida Border Patroll, “la Migra”. No son suficientes los exorcismos de “unidad nacional”, ni los apoyos incondicionales de diversas procedencias, sin faltar los de clérigos y pastores, que exaltan un nacionalismo estatista, ni tampoco frases pírricas como la de “salimos con la dignidad intacta”; en los hechos, el muro de contención de Trump, se corrió hasta los límites de México con Guatemala y Belice para intentar detener el flujo migratorio centroamericano, “respetando los derechos humanos”, acorde a la retórica cuarto transformadora. Además de profundizar la militarización del país,“en todo el territorio nacional”, pero, particularmente en su frontera sur, al servicio de un gobierno extranjero que decide donde emplazar tropas, así como sus misiones, dentro de lo “acordado”, se otorga un peso importante a los mega proyectos en el sur de México, y se identifican los fuertes vínculos del crecimiento económico de esta región del país. México evitó la aplicación de aranceles, pero sólo de manera temporal, pues el “acuerdo” incluye un plazo de 90 días para vigilar si se han cumplido las órdenes imperiales de impedir la llegada de migrantes y, de paso, observar su conducta como país de acogida para los aspirantes a la visa estadounidense, o para los deportados que, cada vez, se incrementan en número, por lo que nuestro país servirá, faltaba más, como campo de refugiados de su buen vecino. Los daños de la “negociación”, que van más allá de ser “colaterales”, son la persecución y violación de derechos humanos de los miles de hermanas y hermanos migrantes, no sólo de Centroamérica, sino de todos aquellos que se adentren en territorio mexicano procedentes de diversas regiones del planeta, a quienes se les declara, de facto, un tipo de guerra. También, ya tiene lugar la criminalización de quienes, en el acompañamiento de personas migrantes, están siendo detenidos y llevados a proceso, por presuntos delitos en “materia migratoria”. Este es el caso, no el único, del tesista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Cristóbal Sánchez, quien ha trabajado largamente en organizaciones que brindan ayuda humanitaria, fundador del colectivo Cultura Migrante, y colaborador de la Universidad Iberoamericana. El pasado 5 de junio, nuestro colega fue encañonado por policías vestidos de civil, detenido sin orden de aprehensión, y trasladado al penal estatal ubicado en Tapachula. Aunque liberado días más tarde, Pueblo Sin Fronteras alertó de que el juez dejó abierta la indagatoria del Ministerio Público contra Cristóbal Sánchez. El cargo por el cual se le acusa es introducción ilegal de personas en territorio nacional, (Sic).
La historia de la migración mexicana en Estados Unidos, desde que este país ocupó los territorios de las Provincias Norteñas a través de la guerra de conquista de 1846-1848, está marcada por el racismo y la exclusión hacia nuestros compatriotas. Como lo registra Carey McWilliams (North from Mexico: The Spanish-Speaking People of the US. Filadelfia: Lippincott, 1949), el primer linchamiento en esos territorios ocupados fue el de una mujer mexicana en 1848.
¡Vaya paradoja para un gobierno que sostiene estar empeñado en una transformación histórica, poner en práctica este tipo de política característica del oscurantismo estadounidense!
Conclusión
En este trabajo propongo el concepto de “terrorismo global de Estado” para caracterizar la política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos, con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. Sostengo que en el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos clandestinos de todo el espectro político, obviando y dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y los Estados capitalistas en la organización del terrorismo interno y en el ámbito internacional. El terrorismo global de Estado violenta los marcos ideológicos y políticos de la represión “legal” (la justificada por el marco jurídico internacional) y apela a “métodos no convencionales”, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social a nivel mundial.