2025 Abr 14 La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Manifiesta su preocupación por las iniciativas de ley en materia de seguridad e inteligencia. Ana María Kudisch Castelló.
Ciudad de México, a 14 de abril de 2025.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifiesta su preocupación ante las iniciativas presentadas para expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Estas propuestas incluyen disposiciones que ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, establecidos en el artículo 16 de la Constitución.
Las iniciativas plantean la creación de bases de datos con información personal, fiscal, financiera, telefónica y biométrica de las personas, sin orden judicial, sin criterios claros sobre su necesidad o proporcionalidad, y sin medidas adecuadas de seguridad ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Se propone un registro similar al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por parte del Estado representa una seria amenaza para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad en la era digital. La recopilación y almacenamiento de datos personales debe aplicarse solo en casos excepcionales, ser necesaria, proporcional y contar siempre con la autorización de una autoridad judicial.
Fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos no debe dar lugar a la vigilancia masiva ni a normalizar el acceso a datos sensibles sin supervisión judicial. Por ello solicitamos respetuosamente al Poder Legislativo que revise estas iniciativas para asegurar su apego a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Proponemos dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo, y establecer órganos independientes que supervisen las bases de datos autorizadas conforme a estos criterios, ya que su manejo afecta directamente el derecho a la vida privada. Asimismo, hacemos un llamado a entablar un diálogo amplio con personas expertas en derechos humanos y tecnología, para construir un marco legal equilibrado que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades.
Ana María Kudisch Castelló