2024 Ene El Cártel Judicial. Radiografía de un poder fallido. J. Jesús Lemus.
Introducción. Como delincuentes
Y Caín dijo a su hermano Abe!: "Vayamos al campo". Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abe! y lo mató. GÉNESIS 4:8
Al más puro estilo de las organizaciones criminales, como si se tratara de un cártel, así opera el Poder Judicial en México. No es fortuito. Eso es producto de las complicidades que -en las últimas décadas se han tejido al interior del tercer poder de la República, en donde los poderes fácticos se han acomodado para imponer su imperio. Pareciera que el Poder Judicial ha sido secuestrado y ello lo ha convertido en una cofradía de letrados, hombres y mujeres, que se olvidaron de la más alta encomienda, la de impartir justicia, solo para entregarse a la defensa de intereses particulares, a veces propios, a veces ajenos, siempre alejados de lo constitucional.
Contrario a la visión oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los dos principales órganos directivos del Poder Judicial federal, que refieren un compromiso de impartición de justicia sin distingos, expedito y cada vez más cercano a la gente, a ras de la calle y al amparo del periodismo de investigación se observa lo contrario: el Poder Judicial en México, hasta donde nos alcanza la luz del razonamiento, a causa del secuestro del que es objeto, ha dejado de operar socialmente; se ha convertido en un instrumento al servicio de las élites y de los grupos sociales y políticos que se consideran dueños de México, que cada vez más rapaces insisten en medrar con el uso del derecho para adueñarse de la justicia.
Como si en México no hubiera más que robar o como si el milenario robo de los recursos y el territorio no se hubiese consumado a plenitud, los poderes facticos, ese sector neoliberal y conservador de la sociedad que al margen de las instituciones ejerce presión para inclinar la gobernanza a su favor, ahora no solo influyen, sino que, vía el asalto, se han apropiado de las decisiones del Poder Judicial y con ello también se han adueñado de la justicia, el último refugio de igualdad que legalmente persiste entre las disparejas clases sociales que coexisten en el país.
En un México donde el día a día se imbuye en el argot de la criminalidad, como si fuera parte de una herencia no reclamada pero a la fuerza otorgada, brota naturalmente la necesaria analogía imaginativa para entender al Poder Judicial como un poder fallido dentro de la República: este poder, en términos generales, hoy opera como si se tratara de una organización criminal más, como una de las tantas que perviven en el México surrealista medrador del pueblo. Solo que esta "organización" no opera desde la clandestinidad ni sus miembros usan uniformes de faena, ni portan armas con sus carrilleras, ni andan a salto de mata. En lo que bien se podría nombrar el Cártel Judicial se cambiaron las casas de seguridad por juzgados; los centros clandestinos de mando por lujosas oficinas; los uniformes de faena, armas y carrilleras por togas, jurisprudencias y amparos; y todos los juzgadores caminan empoderados, intocados, sin ser molestados o cuestionados por la opinión pública. A manera de organización criminal, el Cártel Judicial está presente en todo el territorio nacional, bajo un mando directriz denominado Suprema Corte de Justicia de la Nación y una jefatura de control a la que se le conoce como CJP. El resto de la "organización" funciona a manera de células que mantienen el control en cada uno de los órganos jurisdiccionales que operan en los circuitos y distritos judiciales, controlados como si se tratara de plazas.
El silencio ominoso de la prensa mexicana, cada vez más cercana al poder político, definido en sus facciones como una izquierda mal dibujada y una derecha totalizadora, pero que en sus extremos se tocan por la inercia del gen de la corrupción, no ha sido capaz de exponer el grado de putrefacción en el que se encuentra inmerso el Poder Judicial. Ese tema no se ha expuesto desde los medios de comunicación por la hermandad que siempre enraíza la corrupción entre todos los poderes donde se hace presente. Ha tenido que ser, desde el púlpito presidencial, la clase política la que, aun sin desvelar certeramente los signos de la corrupción dentro del Poder Judicial, ha planteado la necesidad de un nuevo paradigma para ese poder federal.
En el nuevo paradigma que plantea la operación del Poder Judicial de la Federación no es descomunal atribuirle, en términos generales, una autoría criminal. Sobre todo si entendemos que criminalidad es el conjunto de actos antisociales que se cometen por uno o varios actores contra la colectividad. En este caso, como quedará asentado a lo largo de este trabajo, son algunos de los propios ministros, magistrados, jueces y secretarios de juzgado los que, haciendo un uso faccioso e interpretativo del marco jurídico, causan a la sociedad mexicana tanto o más daño que la criminalidad vulgar, al manipular la Constitución, los códigos y los reglamentos -las leyes en general-, para torcerlos a favor de sus intereses y con ello convertir los cánones en cañones, en verdaderas armas de daño masivo.
Bajo ese principio, tampoco es desproporcionado referir que el actual comportamiento antisocial que se observa por parte de algunos funcionarios de mando dentro del Poder Judicial, con su manipulación facciosa de las leyes, para satisfacer intereses insanos, a veces contra particulares, a veces contra el bien común, siempre alejados de la justicia, bien podría calificarse como crímenes de lesa humanidad, sobre todo si tomamos en cuenta lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que a la letra refiere que se entenderán como crímenes de lesa humanidad aquello actos "que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
Los ataques "generalizados o sistemáticos" del Poder Judicial hacia la población mexicana son conscientes por parte de los juzgadores, y se pueden considerar como tales, por ejemplo, cada vez que se trata de la emisión de amparos que se otorgan a empresas y capitales que se comen el territorio en busca de los últimos recursos naturales y que dejan en la orfandad a las comunidades tutoras naturales de esos bienes; o cuando, aun sabiendo que es prevaricación, se dictan sentencias condenatorias a personas inocentes que alimentan la voraz maquinaria creadora de delitos -que sigue operando en la Fiscalía General de la República (FGR) y en todas las fiscalías estatales-; o cuando simplemente el sistema judicial se mantiene ciego, impasible, ante los reclamos de justicia que surgen desde cualquiera de los rincones del país.
Estos ataques generalizados contra la sociedad mexicana, representados en la mala actuación de los juzgadores, no son limitativos del Poder Judicial en su esfera federal. Los mismos vicios se replican en los poderes judiciales de los 32 estados que integran el Pacto Federal. No hay un solo Poder Judicial en ninguna de todas las entidades del país que pueda decirse a salvo del secuestro -por parte de los poderes facticos- de sus juzgadores. Ningún Poder Judicial local se encuentra ajeno a vicios institucionales como la corrupción, la falta de rendición de cuentas, los dorados privilegios, la opacidad financiera, el nepotismo, el torcimiento de las leyes y la protección entre iguales para la comisión de injusticias a través del uso del derecho.
El Cárcel Judicial, como bien podría llamarse a esta clase social que ha surgido aparte y en la que muchos de los funcionarios del Poder Judicial federal se han convertido, luego de ser elevados a ministros, magistrados, jueces y secretarios de juzgados, puede ser tan letal como el más violento de los grupos delictivos; una sentencia a modo -infundada, a la ligera, sin elementos de prueba, con pruebas viciadas o para satisfacer intereses personales- puede llegar a ser peor que la muerte. La muerte es rápida e inmediata, pero una sentencia injusta se vive y duele cada minuto de cada día que se pasa purgando en prisión. Una sentencia sin pruebas, sin estudio y sin razón puede a veces ser más dañina que una ráfaga de un rifle AK-47. Hay quienes han sobrevivido a la ráfaga de un rifle y hay quienes han muerto en prisión a causa de una sentencia injusta.
No alcanzarían un mar de tinta ni un océano de papel para plasmar aquí las decenas, cientos de testimonios recabados a lo largo de este trabajo de personas privadas de su libertad, muchas de ellas todavía en prisión, que refieren cómo comenzaron a morir lentamente cuando frente a la rejilla del juzgado escucharon la sentencia condenatoria de años, dictada por un juez al que nunca conocieron y el que nunca escuchó sus alegatos, más aún, que torció la ley a su modo para dictar lo que a su conveniencia quiso, sin importar el debido proceso. El dolor de una sentencia injusta, dictada por un juez de encomienda, es uno de los más grandes dolores que nadie quiere ver ni escuchar en primera persona. Una sentencia injusta es siempre la evidente reafirmación del Estado fallido. Por eso el legislador consideró las sentencias injustas como un atetado al orden establecido. Por eso las sentencias injustas son consideradas un delito cometido por los servidores públicos. AJ menos así queda establecido en el artículo 225, párrafo VI, del Código Penal Federal.
Si tuviéramos que cualificar la fiabilidad del Estado mexicano en función de sus sentencias emitidas y apegadas a lo que los jueces llaman el principio de legalidad y certeza, respetando el Estado de derecho, que no es otra cosa que el principio de gobernanza por el que personas, instituciones públicas y privadas y el propio Estado, incluyendo el Poder Judicial, estamos sometidos a las leyes, tendríamos que comenzar por reconocer, sin apasionamientos de ningún tipo, que el principal problema de la impartición de justicia es la subjetividad con la que los juzgadores entienden la ley para su aplicación.
Por el propio carácter natural de lo subjetivo, la subjetividad es imposible de medir. Con tantos mecanismos de medición que hoy día precisan las ciencias sociales, no existe uno solo con el que en México se pueda establecer algún tipo de parámetro para cuantificar las percepciones y los argumentos que fundamentan el punto de vista de un sujeto -en este caso el juez-, y que a final de cuentas lo mueven poderosamente para sentenciar un asunto legal influido solo por sus intereses y deseos particulares. Por eso es imposible medir el carácter subjetivo con el que están elaboradas todas las sentencias.
La subjetividad con la que actúan los juzgadores del Poder Judicial es innegable. Pero si pretendemos establecer al menos un punto de entendimiento para dimensionar la grave crisis en la que se encuentra el Poder Judicial, solo tomemos una referencia para que los datos hablen por sí mismos: en una estimación resultante de la revisión de sentencias penales emitidas en primera instancia por los jueces federales de los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Sonora y Chiapas, se revela que, en promedio, de cada 230 sentencias dictadas en primera instancia, solamente una (0.4%) de ellas no causa apelación. Es decir, de cada 230 sentencias resueltas, en promedio 99.56%, un total de 229 están marcadas por la inconformidad de al menos una de las dos partes actuantes dentro de un litigio, las que por el solo hecho de la apelación están manifestando su desacuerdo con la forma en que el juzgador observó la ley y la torció a favor de sus propios intereses y deseos personales.
Si bien es cierto que la aplicación de la justicia no debe necesariamente dejar conformes a las partes actuantes dentro de cualquier litigio, también resulta que el nivel de apelaciones que se registran en el sistema judicial mexicano es por mucho mayor a los niveles de inconformidad que se registran en otros poderes judiciales de otras partes del mundo. Veamos unos breves datos de nuestra región americana; en Guatemala, por ejemplo, de cada 100 sentencias penales, solamente 78 de ellas van a la apelación. En El Salvador, de 100 sentencias penales emitidas, solo 86 de ellas se encausan por la parte afectada para ser revisada por una instancia superior. En Honduras, 59 de cada 100 sentencias emitidas son las que se tramitan en la apelación. En Colombia, de cada 100 sentencias emitidas, 90 de ellas, en promedio, son remitidas a la apelación; mientras que en Perú las cifras son casi iguales a las de Colombia: 89% de las sentencias de primera instancia recurre a la revisión de un tribunal de alzada. En Estados Unidos, en cifras generales, solo 43% de las sentencias penales son remitidas por cualquiera de las partes en litigio para ser revisadas por una instancia superior.
El hecho de que en promedio 99 de cada 100 sentencias que se emiten en la primera instancia dentro del Poder Judicial mexicano se tengan que ir a la apelación en un tribunal superior no es ni siquiera una cuestión de derecho que les asiste a los inconformes con el actuar del juez de primera instancia. Es más bien una manifestación de desconfianza que se tiene con el juzgador inicial, primero por la subjetividad con la que el juez observa la ley y después por la serie de vicios que se han arraigado en todos los juzgados, donde el principal de esos vicios es la corrupción.
Sin duda alguna, entendiendo a la corrupción como el principal lastre que afecta al Poder Judicial para llegar al estado de secuestro en el que se encuentra, hay que destacar que ese fenómeno reinante en las instancias administradoras de justicia en México no es tanto que los jueces resuelvan asuntos en función de un pago recibido, que es una situación que sí se registra en muchos de los juzgados de distrito del país, y si bien ese hecho es un grave problema, eso no es generalizado dentro del Poder Judicial. Lo que sí es casi generalizado, y también es corrupción, es que por la subjetividad la mayoría de los jueces, magistrados y ministros emite sentencias solo en función de sus propios intereses, filias y convicciones, lo que termina alejándolos de la quimérica e idílica "aplicación de la justicia sin distingos".
Y sobre esto no hay poder humano y mucho menos legal que obligue a un juez, a un magistrado, a un ministro, al buen comportamiento social. Todo cae en el terreno de la moralidad, que es todo y es nada a la vez. De nuevo, todo depende de la subjetividad. Ellos mismos, los miembros del Poder Judicial en México, se han procurado un marco jurídico en el que no se les exija nada objetivo en como a la ejecución de su trabajo y que más bien todo quede en el ámbito de la subjetividad, de la interpretación, del criterio propio, para poder llevar a cabo su encomienda de juzgadores, aun cuando esa encomienda signifique imperar, como un dios, por encima de muchas vidas.
Resulta por demás increíble que en un México como el de hoy, donde la revolución de las conciencias se encuentra en su máxima expresión, donde la primavera democrática florece esperanzadora
-como nunca-, donde se reclama una insistente y nívea transparencia sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no se pida abiertamente una transformación a fondo dentro del Poder Judicial. Hasta el cierre de este trabajo, solo algunas posturas esporádicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, reprochando opacidad y corrupción dentro de la casta de juzgadores, es lo que apunta a la necesidad de una reforma -urgente tanto legal como moral- al interior del Poder Judicial. Fuera de ahí, aun cuando las quejas van en aumento, nadie habla de la urgencia de modificar las reglas de operación de ese poder que tiene la alta responsabilidad de la impartición de justicia. La reforma al Poder Judicial reclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente urge antes de que se resquebraje la República, no es novedosa en términos del discurso presidencial con el que se pretende desaletargar a los mexicanos. Ese mismo reclamo ya se ventilaba a principios de 1940, al final del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces, según lo refiere la Hemeroteca Nacional y sus mudas páginas amarillas de los diarios de la época, desde el Poder Ejecutivo ya se reclamaba una transformación a fondo en ese poder de la nación, sobre todo por considerar que no estaba puesto a las causas del pueblo.
Ese reclamo, que no ha variado en los últimos 80 años, sigue tan vigente como antes. Cada vez son más las voces que se suman a la exigencia de una transformación a fondo dentro del Poder Judicial de la Federación, el que se estima más y más alejado de la población. Y cómo no va a estar alejado de la gente si desde lo más básico incumple con las normas de la democracia, que es el terreno en el que siempre quiere ser considerado como producto que es de la democracia.
Desde lo básico, el Poder Judicial es, de los tres poderes que conforman la República mexicana, el más antidemocrático y en consecuencia el menos transparente. Al menos el Ejecutivo y el Legislativo, pese a todos sus vicios, están impregnados de la solvencia moral y social que les otorga el uso del sufragio efectivo. Hoy, producto de la inmersión en la democracia participativa, es imposible concebir a un Poder Ejecutivo, representado en un presidente de la República, un gobernador o un alcalde, sin el debido respaldo popular manifiesto en votos. De igual manera es imposible siquiera imaginar un conjunto legislativo, apersonado en diputados y senadores, sin el respaldo popular o sin haber sido avalado en el campo de la batalla electoral. No por nada se encuentra en vilo la permanencia de los diputados plurinominales, cuya principal carencia de autoridad natural la brinda la falta del respaldo popular encamado en los votos.
Si no fuera porque existe, sería imposible pensar en un Poder Judicial, y los consecuentes 32 poderes judiciales de los estados, sin la participación de la sociedad a través del voto legitimador. Sin embargo, en México es una realidad la existencia de un Poder Judicial federal y local que no tiene un solo proceso interno -a partir de la selección de sus integrantes y dentro de los órganos administradores de justicia- en donde tenga que ver la población a través del voto. Ni siquiera en la designación de los más importantes cargos, como pudieran ser los ministros y el presidente de la SCJN o los ministros y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de cada una de las 32 entidades del país.
El Poder Judicial, en términos generales, por lo visto es inmune al reclamo democrático. Parece mentira, pero es cierto: no existe un solo funcionario dentro del Poder Judicial que sea electo popularmente. Hay procesos de elección, como el que se da para el cargo de presidente de la SCJN, pero no participa la gente. Ahí, en esa ecléctica elección, solo intervienen los 11 ministros de la SCJN, los que se eligen entre sí, lejos de la población, como si se tratara de mantener a la chusma alejada de esa inmaculada clase que pareciera que lo único que busca es continuar preservando sus privilegios.
Lo más parecido a la democracia, para designar funcionarios dentro del Poder Judicial, cuando no se trata de elecciones cerradas entre un grupo reducido de una misma élite que se elige entre sí, es lo que se conoce como concursos por oposición, una herramienta relativamente certera y medianamente eficiente para que las bases del Poder Judicial, aquellos sin palancas, puedan aspirar a ser parte de la élite de poder. Los concursos por oposición son un instrumento semidemocrático muy muy reciente. Su uso se institucionalizó como herramienta obligatoria a partir de la promulgación -por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 7 de junio de 2021- de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
En el artículo 20 de dicha ley se establece que a través del concurso cualquier persona puede aspirar a formar parte del Poder Judicial; en el artículo 21, que la forma de promocionarse para los cargos de actuaria o actuario, secretaria o secretario de juzgado, asistente de constancias y registro de jueza o juez de control o juez o jueza de enjuiciamiento, secretaria o secretario de tribunal o asistente de constancias y registro de tribunal de alzada, secretaria o secretario instructor, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de diligencias y de instrucción de los juzgados laborales y magistrada o magistrado se tendrá que hacer por medio de los concursos internos de oposición. Eso es lo que marca la ley, porque en la práctica la inercia antidemocrática se sigue dando dentro del Poder Judicial de la Federación. La mayor cantidad de cargos, aun cuando por ley deberían darse por selección a través de un concurso público y abierto de oposición, se siguen dando por designación directa. Aquí es donde surge otro de los vicios del Poder Judicial, el nepotismo, que no solo ha sido tolerado, sino alentado desde los más altos órganos directivos de ese poder de la República. De acuerdo con información oficial emitida por el CJF, dentro del Poder Judicial existen un total de 737 jueces de distrito y 874 magistrados de circuito, que en forma práctica son los juzgadores federales que corren con la carga de trabajo de impartición de la justicia. En pocas palabras, son ellos los responsables de materializar la principal labor del Poder Judicial: brindar acceso a la justicia a todos los mexicanos.
Con esa alta encomienda lo menos que se podría esperar es que la constitución de esos juzgadores fuera el resultado de un mínimo proceso democrático de selección, a través del voto de la población a la que están destinados a gobernar. Pero no es así. Resulta todo lo contrario; la mayoría de los juzgadores habilitados dentro del Poder Judicial para atender a la población llegó a su puesto por designación directa de "alguien" en la cúpula de la élite del poder. Solo un muy reducido porcentaje de jueces y un número aceptable de magistrados llegaron a su cargo a través de un concurso directo de oposición, que aunque esta figura también registra sus vicios, resulta un tanto alentadora si se toma al menos como un instrumento que intenta democratizar al Poder Judicial.
Solo para tratar de ilustrar lo anterior veamos algunas cifras. De acuerdo con la información oficial que proporciona el CJF, de los 737 jueces de distrito que se encuentran habilitados en juzgados federales, solo 11% de ellos, un aproximado de 81 jueces, llegó a su cargo a través de un concurso de oposición. Pero en contraparte resalta que 89% de los jueces de primera instancia del Poder Judicial llegó a su cargo por sus relaciones políticas y personales. Es decir, de los 737 jueces habilitados como juzgadores de distrito, un total de 655 de ellos fueron designados directamente, la mayoría de las veces por recomendación de algún amigo o pariente con poder dentro del CJF. Por esa razón, al menos así se puede entender, el mayor número de deficiencias en la aplicación de la ley en las sentencias del Poder Judicial proviene de la primera instancia de los juzgadores, en donde se privilegia la amistad antes que la capacidad y el conocimiento de la ley.
Otra cifra que resalta, y que permite entender cómo de origen está viciado el Poder Judicial, es la que señala cómo son asignados los magistrados: de los que se estima que de los 874 funcionarios que están habilitados como tales, 30% de ellos -es decir, 262- fue designado en forma directa por sus relaciones personales y políticas que impactaron dentro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. El 70% de todos los magistrados del Poder Judicial -esto es, un total de 611 de esos funcionarios- llegó al desempeño de juzgadores por sus propios méritos, basados en el principio de que sus capacidades fueron mejores que las de otros, lo que así pudo haber quedado demostrado en los concursos directos de oposición. Pero es necesario señalar que, si bien es cierto que no codos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son corruptos, al menos sí es un hecho sabido que los concursos de oposición para ocupar los cargos arriba mencionados se han corrompido. Para nadie dentro del Poder Judicial federal es un secreto que las respuestas a los exámenes que se presentan en los concursos de oposición para diversos cargos dentro de la carrera judicial, principalmente los que se refieren a los cargos de jueces y magistrados, siempre se proporcionan al mejor postor. A cambio de un pago económico, o a veces hasta por favores sexuales, se pueden obtener anticipadamente las respuestas de los exámenes.
La fuga de información de las respuestas es un tema que ha llegado a ventilarse dentro de la SCJN. Pero, incluso ahí, los ministros de ese máximo tribunal han guardado silencio. Los ministros se han convertido en cómplices de la corrupción dentro del Poder Judicial, al optar por no hacer ningún tipo de posicionamientos cuando se ha requerido. Es como si se tratara de cubrir complicidades o no se quisiera desenterrar pasados. El costo económico por las respuestas de un examen de oposición para el cargo de juez de distrito llega a oscilar entre los 500 mil y los 700 mil pesos, dependiendo cuál sea el distrito cuya titularidad está en juego. Por lo que hace a los exámenes para magistrados, estos llegan a tener un costo por encima de los 2 millones de pesos hasta los 5 millones de pesos, dependiendo también del tribunal del que se trate o si la plaza en juego es de un tribunal unitario o colegiado.
Pero más allá de la corrupción que en sí representa la institución de estos concursos, también -con el fin de poder establecer responsabilidades- es necesario revisar a fondo la operatividad corrupta de otras figuras dentro del andamiaje administrativo de la impartición de justicia. Y es que no toda la responsabilidad de la corrupción en la que se encuentra inmerso el Poder Judicial debe atribuirse a la actuación de los jueces, magistrados y ministros. Existe otra figura que se resguarda, agazapada entre las montañas de expedientes acumulados dentro de los juzgados, que medra silenciosamente con la impartición de la justicia. Esa figura es la de las y los secretarios de juzgado y la de las y los secretarios de tribunal.
Esa, la de secretario o secretaria de juzgados y secretaria o secretario de tribunal, es sin duda la figura más importante -en términos prácticos- dentro de la operación del engranaje judicial mexicano. Sin el secretario de juzgado o tribunal no tienen campo de acción ni operatividad el juez de distrito de primera instancia ni el magistrado de circuito, porque al secretario de juzgado y al secretario de tribunal les corresponden funciones de información que les infunden vitalidad al propio juez y al magistrado. El secretario de juzgado y el de tribunal son los que siempre tienen que ver con la pormenorizada asistencia para la decisión final de cada proceso penal. El secretario de juzgado y tribunal es la persona que más conoce de cada caso que se ventila en el aparato judicial. Él lleva la cuenta de las pruebas, de las actuaciones, de las declaraciones de partes, y con base en ello realiza recomendaciones finales al juez o al magistrado para que la justicia de la balanza se incline a un lado u otro. Esto, claro, también dependiendo de los propios intereses del secretario o secretaria, los que pueden o no empatar con los del juzgador formal.
Antes de entrar en revisión del grado de corrupción que permea dentro del Poder Judicial es importante precisar que no necesariamente todos los que trabajan ahí están imbuidos dentro de esa descomposición que parece acelerada en las últimas dos décadas. Claro que hay buenos, dignos, excelentes trabajadores de la impartición de justicia, pero lamentablemente son los menos frente a todos los juzgadores que han optado por el camino de la corrupción.
De acuerdo con datos oficiales, proporcionados por el CJF a través de una respuesta oficial a una solicitud de información, hasta enero de 2020 eran un total de 28 mil 869 los funcionarios adscritos al Poder Judicial, los que por contar con decisión de mando tienen a su cargo y son los verdaderos responsables de la impartición de justicia de la que tanto se habla. Así, se puede decir que la aplicación de la justicia recae en 19 mil 459 oficiales administrativos, de los que 12 mil 086 son mujeres y 7 mil 373 son hombres; 4 mil 372 secretarios de tribunal, de los que mil 981 son mujeres y 2 mil 391 son hombres; 3 mil 583 secretarios de juzgado, de los que mil 478 son mujeres y 2 mil 105 son hombres; 841 magistrados de circuito, de los que 157 son mujeres y 684 son hombres, además de 614 jueces, de los que 157 son mujeres y 457 son hombres. Ellos son los verdaderos impartidores de justicia.
Si a ellos les sumamos los 11 ministros de la SCJN, los seis ministros del CJF y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en total son 9 mil 434 funcionarios los que verdaderamente tienen poder de impartición de justicia. Es importante considerar esta cifra con el fin de establecer que no todos los que laboran dentro del Poder Judicial de la Federación se dedican a administrar la justicia. Con esto, lo único que se quiere señalar es que es injusto cuando se generaliza de corrupto a todo el Poder Judicial. Ahí también trabajan, en tareas ajenas a la supuesta impartición de justicia, haciendo operativo todo el aparato de gobierno judicial, un total de 36 mil 856 personas.
Es decir que, aun cuando el Poder Judicial se identifica popularmente por ser el área de gobierno en donde se imparte justicia, solo uno de cada cinco (20%) de los que ahí trabajan están relacionados con la tarea real de aplicar justicia. La justicia a su entender. Son ellos los que han contribuido a llevar al estado actual -al menos de crisis de credibilidad- en el que se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Y hay que resaltar que justamente esa crisis de credibilidad, por no decir la vorágine de corrupción en la que se encuentra el Poder Judicial, es producto de la cuestionable actuación de la mayoría de los jueces de primera instancia y muchos de los magistrados.
Ese personal, responsable de la impartición de la justicia en México, se encuentra distribuido en un total de 415 juzgados de distrito y en 419 tribunales de circuito, extendidos a lo largo de todo el territorio nacional, en donde -por razones obvias- se registra mayor cantidad de juzgados de distrito y tribunales de circuito en función de la densidad demográfica de cada región; así, resulta que las entidades con menor población, como Baja California Sur (tres juzgados y tres tribunales), Campeche (tres juzgados y cuatro tribunales) y Colima (tres juzgados y tres tribunales), son las que cuentan con menor número de centros de impartición de justicia. En contraparte, las entidades con mayor población, como la Ciudad de México (68 juzgados y 94 tribunales), el Estado de México (32 juzgados y 23 tribunales) y Jalisco (33 juzgados y 36 tribunales), son las que más instancias de impartición judicial registran. Otra cifra a destacar antes de entrar de lleno a la revisión de los procesos de corrupción dentro del Poder Judicial, los cuales se han convertido en la principal razón para que la justicia brille por su inoperancia en nuestro país, es la que se refiere a la designación directa de los jueces de primera instancia, que al final de cuentas son los primeros juzgadores del Poder Judicial que tienen mayor proximidad social. En ninguno de los circuitos judiciales (entidades federativas) del país la cantidad de jueces que llegan al cargo por concurso de oposición es mayor al número de los que son asignado directamente por amistad o compadrazgo desde el poder.
De 706 jueces de distrito que están asignados en las 32 entidades del país, solo 84 de esos ellos, es decir, 11.8%, han llegado al cargo por méritos propios, a través de concursos de oposición. Eso considerando que los concursos abiertos de oposición fueran honestos. De esos 706 jueces de distrito que operan en todo el territorio nacional, 612, es decir, un aproximado de 88.2%, fueron habilitados en el cargo por designación directa, sin tener -en muchos casos- la suficiente capacidad para comenzar a emitir sentencias de ningún tipo. Eso es lo que hace entender que la mayoría de las sentencias que se emiten en primera instancia luego tienen que corregirse, con mayor apego al Estado de derecho, en los tribunales de alzada, en donde, contrario a lo que ocurre en los juzgados de primera instancia, los magistrados son en su mayoría asignados por concursos de oposición.
Las estadísticas oficiales del CJF indican que de 867 magistrados que al cierre de este trabajo, en mayo de 2023, se encontraban habilitados, 255 (29.4% de ellos) llegaron al cargo por designación directa desde la superioridad del Poder Judicial. En contraparte, de los 867 magistrados que operaban hasta mayo de 2023, 612 de ellos (70.5%) llegaron al cargo mediante concursos abiertos de oposición, lo que en teoría garantiza la imparcialidad de los juzgadores por haber llegado sin compromisos a las salas de aplicación de justicia.
Pero, si es escandalosa la corrupción en cuanto a la operatividad de jueces y magistrados que no están preparados para el cargo pero que llegan al mismo solo por sus buenas relaciones públicas, habrá que ver el otro rostro del Poder Judicial, el peor de todos los rostros, el que han configurado unos cuantos jueces y magistrados que por su ambición económica han hecho que la justicia se toque en sus extremos con uno de los poderes más fuertes de México, el de la delincuencia organizada. Sí, lamentablemente es una realidad lo que desde siempre se ha supuesto: dentro del Poder Judicial mexicano existe un grupo de jueces y magistrados que se han dejado seducir por la tentación del dinero. A causa de esa tentación se ha vendido la justicia, ya no solo al que más tiene o al mejor postor, sino que se ha vendido a los más crueles, a los que -desde décadas- por su propio derecho a delinquir tienen a una nación desangrándose.
Hasta ahora solo se había hablado de un Estado mexicano fallido con base en las relaciones y contubernios sostenidos entre los poderes de la criminalidad con instancias del Poder Ejecutivo; los casos de Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública (SSP), en el gobierno de Felipe Calderón, o del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aun cuando son icónicos para sugerir que el Poder Ejecutivo se rindió ante intereses personales, apenas si fueron suficientes para plantear mediáticamente el fracaso del Estado. Ese reconocimiento mediático -del fracaso del Estado- si acaso ha pasado a lo efímero del discurso, pero no más allá.
Hasta hoy nadie ha señalado la posibilidad del Estado fallido no solo por la puesta del Poder Ejecutivo al servicio de la criminalidad, durante los periodos de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino por la entrega del Poder Judicial, al menos una parte de él, al servicio de los poderes fácticos de la criminalidad. Al día de hoy decenas de juzgados de distrito y juzgados colegiados o unitarios de circuito, aun cuando parece que trabajan por la justicia, están torciendo !ajusticia a favor de algunos representantes de las principales organizaciones criminales del país. Ese torcimiento se hace porque diversas organizaciones criminales tienen pleno control de las acciones de magistrados, jueces, secretarios o secretarias de juzgado y oficiales judiciales, a través de los cuales, por interpósito pago, quien verdaderamente manda en la instrucción judicial es el poder de la criminalidad.
No hay una sola organización criminal, de las grandes y mediáticas que se reconocen a nivel nacional, que no tenga comprados a funcionarios del Poder Judicial en todos los estados del país. Solo así se entiende el fenómeno que tantas veces ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su conferencia mañanera no ha tenido límite al señalar la corrupción que ahí permea. El presidente ha resaltado que muchos de los jueces y magistrados "pareciera que están al servicio de los grupos delictivos", sobre todo por la forma tan fácil en que se otorgan las liberaciones a los miembros de los grupos criminales, que el gobierno federal de la 4T ha dado en llamar "generadores de violencia". Esos son los mismos a los que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y anees en el de Felipe Calderón se les llamaba "objetivos prioritarios de la justicia", y que fue cuando abogados asociados a grupos criminales de todas las denominaciones se arraigaron dentro del Poder Judicial de la Federación.
Aquí hay que destacar que aun cuando la infiltración del crimen organizado en dicho poder es una realidad bien documentada, esta situación, por decoro o por vergüenza, o mejor dicho por opacidad, se niega a ser reconocida por el órgano matriz: en por lo menos medio centenar de ocasiones, entre 2015 y 2023 --según obra en el registro de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia el CJF ha reiterado de manera oficial a decenas de solicitantes que hemos pedido información sobre las sanciones aplicadas, nombre y número de jueces y ministros que han sido suspendidos de su cargo por corrupción u otras conductas atípicas, que "no cuenca con la información" o ha recurrido múltiples veces a la consabida y salvadora fórmula de "que no se cuenta con un registro que atienda lo solicitado, por lo que se tendría que elaborar un documento ad hoc para la atención de la solicitud", esto con el fin de eludir su obligación de informar sobre esa realidad lacerante.
Pese a que el silencio del CJF resulta no solo cruel, sino infame, sobre la cantidad de jueces y magistrados que están coludidos con los cárteles de las drogas, desde el interior de muchas de estas principales agrupaciones criminales surgen voces que hablan de la relación real que mantienen con algunos de los funcionarios encargados de la impartición de justicia en todo el país. Sin querer dar más crédito a la palabra de los que actúan fuera de la ley, pero tampoco dejando incuestionada la postura de complicidad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que reconoce de manera oficial no tener información sobre el número de jueces y magistrados que están _coludidos con los cárteles de las drogas, es necesario al menos establecer que sí existe una casta de juzgadores federales que son pagados por las cúpulas de las principales agrupaciones criminales y que por lo tanto se encuentran al servicio de estas.
Entre las agrupaciones criminales, principalmente cárteles de las drogas, algunos de cuyos miembros aseguran tener a jueces y magistrados si no dentro de una nómina, sí pagados por sus servicios de juzgadores, se encuentran los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Los Caballeros Templarios, de La Familia Michoacana, de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Los Zetas, de los Beltrán Leyva y de otras 64 organizaciones criminales locales, que en conjunto suman un total de 73 grupos criminales que no solo tienen presencia en todo el territorio nacional, sino que también cuentan con protección dentro del Poder Judicial de la Federación, donde al parecer tienen el fuero necesario para delinquir sin que se apliquen las teóricas consecuencias que establece la ley.
El Cártel Judicial que opera a la par de otros cárteles delictivos en el país se ha valido del "hipergarantismo" -tan criticado desde el Poder Ejecutivo-, que no es otra cosa que tomar como rehén a las garantías individuales de las personas para justificar la liberación de criminales. Una hiperprotección de los derechos humanos que no se toma en cuenta cuando se trata de particulares que no pertenecen a los grupos delictivos bien organizados y que por lo mismo no pueden comprar su libertad, más allá de que sean o no responsables de los cargos atribuidos.
Una revisión simple hecha a las sentencias penales de primera instancia de todos los distritos judiciales de los circuitos de San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Estado de México y Guerrero arroja que, de cada 100 sentencias emitidas, en promedio 30 fueron absolutorias, dejando al acusado en libertad, y, de esas 30, en alrededor de 28 el juez consideró que se violentaron los derechos del detenido. Lo curioso de esta revisión es que, de cada 30 sentencias absolutorias revisadas, en promedio 27 de cada 28 personas liberadas son reconocidas en la sociedad como parte de una organización criminal. Solamente en un caso por cada 28 liberados en estos juzgados de distrito se encontró que el declarado inocente y liberado no era miembro reconocido de ninguna organización criminal de las que actúan en cada una de esas regiones.
Las cifras anteriores, que no se pueden contrastar con ningún tipo de cifra oficial respectiva -porque el CJF es totalmente opaco, anteponiendo argumentaciones legales para ocultar información-, reflejan de manera precisa cómo muchos de los jueces y magistrados tienen cierta inclinación por decantar los favores de la justicia hacia miembros de organizaciones criminales reconocidas mediáticamente. En contraparte, como si se tratara de equilibrar el número de liberados por sentencia absolutoria frente al número de sentenciados condenatoriamente, de las personas que terminan siendo sentenciadas en primera instancia solo en 10% de los casos son miembros reconocidos de la delincuencia organizada, mientras que 90% de los sentenciados son personas a las que no se les reconoce haber sido parte o estar dentro de las estructuras criminales de la delincuencia activa del país. Pero si lo anterior es poco, para develar el grado de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial hay otro elemento que se debe tomar en cuenta, que se refiere a la operación de la Defensoría de Oficio, una instancia del Poder Judicial que también ha sido invadida por el narco. Esa invasión no es producto de la actual gestión directiva, es más bien una herencia que se viene acarreando desde el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto no solo se encubrió la corrupción heredada en la Defensoría de Oficio, sino que se alentó. Fue hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando se inició de manera institucional una campaña permanente de erradicación de los vicios de corrupción de esa instancia.
Grosso modo, el Poder Judicial en México ha comenzado a dejar de cumplir con la función para la que fue ideado en la Constitución. Si entramos a detalle habremos de encontrar que esa falla generalizada del Poder Judicial se debe al cambio de modalidad en que se ha entrado: ahora los jueces, ministros y magistrados no imparten justicia, prefieren administrada. Y dicho cambio de modalidad solo se puede entender a causa de una razón: muchos de los juzgadores de la nación, como parte de una casta aparte, ven en la administración de la justicia un jugoso negocio, que les permite sostener formas de vida inexplicables, llenas de lujos.
Para nadie es un secreto que la nueva clase social de la que hoy son parte los juzgadores, tanto locales como federales, se encuentra sostenida en los pilares de los altos sueldos, el nepotismo, la opacidad en la rendición de cuentas, el tráfico de influencias, las conexiones con los poderes facticos y criminales y en la conservación de un modelo de vida de lujos millonarios. Pero a pesar de ello no hay poder humano ni legal que obligue a los miembros del Poder Judicial a la rendición de cuentas que cada vez más se alza imperiosa en todas las esferas del poder político en México.
Es más, no solo no hay poder humano ni legal que obligue a todos los juzgadores a una rendición de cuentas como a la que están obligados todos los funcionarios de la nación; simplemente no existe el ánimo colectivo o individual entre los propios juzgadores para iniciar las acciones legales tendientes a establecer el marco jurídico necesario que pueda hacer más transparente y con mayor acceso de la población al Poder Judicial. Esta tesis ha sido señalada de forma reiterada por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si fuera un catalizador, la propuesta ideológica -la de la revolución de conciencias que él expone--, que da sustancia al movimiento de la Cuarta Transformación, ha revivido en el grueso de la colectividad esa urgencia de una refundación del Poder Judicial a través de una reforma constitucional que democratice la administración de justicia. Pero esta misma tesis no ha tenido ningún tipo de respuesta desde dentro del poder, ni a nivel de juzgadores locales, ni mucho menos a nivel de su cúpula directiva.
Nadie puede negar, como se dejará asentado a lo largo de este trabajo de investigación, que la corrupción dentro del Poder Judicial no es nueva. Es añeja y ha causado un grave retroceso social. Una breve revisión a la memoria hemerográfica del país da cuenta de cómo los principales medios de la época -desde antes de la Revolución- ya hablaban de la necesidad de reformar las reglas de operación del Poder Judicial, por la forma de vida dispendiosa de jueces, ministros y magistrados, pero sobre todo por la falta de honestidad en ese poder. La necesidad de transformación a fondo, para arrancar sus vicios, no es una moda pasajera en la vida política de México. Es una constante en el pensamiento político y en el ideario de la colectividad, que ha estado presente casi a la par desde el nacimiento de la República mexicana. La necesidad de dicha refundación del Poder Judicial no solo es producto de la ineficiencia social en la que ha caído la impartición de justicia, también se fundamenta en la sospechosa vida de dispendio de los juzgadores, que se puede resumir en una sola palabra: corrupción. Y para que la corrupción no prevalezca impune es necesario exponer con nombres y datos exactos, desmenuzar de forma precisa cada uno de los casos de corrupción que ponen en tela de juicio la funcionalidad del Poder Judicial, que hace que siga creciendo la deuda del poder político con los más desprotegidos de la nación.
Por eso este texto. Este es un trabajo periodístico de investigación de largo alcance que pretende exponer de cuerpo completo los vicios enquistados dentro del Poder Judicial. Aquí hay nombres y datos precisos, casos detallados, eventos judiciales particulares, que solo pretenden contribuir a la exposición de las causas que hacen evidente y urgente la necesidad de una reforma constitucional. Una reforma a fondo que modifique la estructura actual de dicho poder, pues solo así se puede garantizar la supresión de los jueces-dioses que hoy tenemos: poderosos, inalcanzables, antidemocráticos y oscuros. Sentencias injustas, redes de nepotismo y corrupción, enriquecimientos ilícitos son la sustancia que compone este trabajo de investigación, en el que se expone al Poder Judicial desde dentro, donde también -hay que decirlo- hay jueces y magistrados que forman parte de una corriente que plantea la urgencia de una reforma, solo con la intención de que los jueces, magistrados y ministros sean también alcanzados por el voto popular y por la misma revocación del mandato, tal como al día de hoy están alcanzados los otros dos poderes.
Es decir, para estar ad hoc con la postura presidencial de que se requiere una reforma constitucional que transforme la estructura y operatividad del Poder Judicial de la Federación, no es suficiente con denunciar que los jueces, ministros y magistrados ganan salarios superiores a los del presidente de la República. El verdadero tema, que no se ha querido tocar desde el púlpito presidencial, es el alto grado de corrupción que se registra en todas las esferas de este ente, que de ser revisado a fondo no bastaría con una simple amonestación derivada del señalamiento público, sino que obliga a la concurrencia de la Fiscalía General de la República para la sanción correspondiente por la violación al marco constitucional.
La necesidad de transformar el Poder Judicial de la Federación ha sido manifiesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero más allá de pretender con ello el rescate a la justicia del marasmo de corrupción y secuestro en el que se encuentra, parece solo un instrumento del discurso para hacer crecer los bonos de popularidad que invisten a este régimen.
A la luz de la historia se observa que durante los primeros tres años de su gobierno, cuando tuvo el control de la mayoría calificada en el Legislativo, el presidente pudo llevar a cabo una reforma constitucional para transformar de fondo el Poder Judicial Federal, pero no quiso.
López Obrador se negó inicialmente a dicha reforma, porque parecía más viable el control de ese sector de gobierno -de los ministros, magistrados y jueces- a través de las buenas relaciones que sostenía con el que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Por eso le propuso a este que se reeligiera al frente de la SCJN.
En un ataque de moralidad, el ministro se negó a la posibilidad de la reelección. Optó por el camino de la moralidad, pero a final de cuentas decidió hacerle un regaló al presidente: renunció a su cargo para que su asiento como ministro fuera ocupado por una persona cercana al propio López Obrador.
Intentando mantener el control de la SCJN, AMLO logró tener cinco ministros afines a la 4T, Lenia Batres Guadarrama, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
La relación entre la 4T y el ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, dejó de ser clandestina. En una sorpresiva decisión, Zaldívar --sin argumentar motivo grave como lo establece la ley- dejó el cargo para sumarse de lleno al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, que desde finales del 2023 se veía firme postulante a la presidencia de la República.
Con su decisión de quitarse la máscara y militar en una fracción política, el exministro Zaldívar demostró la tesis sustentada a lo largo de este libro: que el Poder Judicial de la Federación está poblado de ambiciones e intereses personales, y que lo último que anima a muchos que llegan a dicho cargo para la aplicación de justicia es justamente eso: trabajar para la justicia.
Índice
Introducción. Como delincuentes
1. La corrupta casta dorada de la SCJN
2. Investigaciones sin efecto
3. De vez en cuando un escarmiento
4. La sospecha del narco
5. La mala justicia
6. La razón del silencio
7. La vergüenza oculta
8. El derecho de sangre
9. Cuando no hay talento, la trampa
10. La sombra de la duda
11. La perdición del dinero
12. La injusticia en primera persona
Agradecimientos