2024 Feb La casa sucia. La red de corrupción que llegó para quedarse. Muna Dora Buchahin.

Prólogo. Humberto Musacchio
Etimológicamente, auditar es escuchar, pero también es informarse, conocer, aprender, saber y, si atendemos a términos cercanos del latín, de alguna manera implica también audacia, osadía e intrepidez, pues todo eso se requiere para la tarea bien cumplida de un auditor.

En su acepción moderna y más frecuente, auditar es hacer el análisis del comportamiento económico de una empresa, un gobierno o una dependencia pública para confirmar si se apega a las normas o si no se ajusta a ellas, lo que requiere escuchar, informarse, conocer, aprender, saber. Pero el estudio de los entes citados conlleva necesariamente al análisis del comportamiento humano, en especial de quienes tienen la responsabilidad en el manejo de los bienes de la entidad auditada, tarea que, como lo sabe cualquiera que haya incursionado en ese campo, requiere de intrepidez, pues quien audita no ha de conformarse con la versión que le proporciona la institución en análisis y debe resistir presiones, actuar con osadía y con audacia para ir más lejos en su indagación, mediante una estrategia que abarque todo el campo necesario y permita establecer la validez de las cifras y los datos que aparezcan o, por el contrario, que revele aquello que se pretenda ocultar.

En tales condiciones, la auditoría es una actividad de valientes. En la empresa privada lo es porque ha de informarse de toda irregularidad a los accionistas o propietarios, aun cuando algunos de ellos o sus subordinados estén en falta; en las instituciones públicas, porque quienes auditan han de ir al fondo de sus investigaciones, pues los contribuyentes esperan comportamientos acordes con las leyes generales y la reglamentación interna de una institución. Igualmente, el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de impuestos dan a cada ciudadano el derecho de exigir el cumplimiento de las responsabilidades de todo servidor público. En suma, cuentas claras y precisas. Al menos eso esperamos.

Por supuesto, las tareas de toda auditoría resultan chocantes para los auditados. Si todo está en orden, el solo hecho de indagar intensivamente en la documentación pone a los investigados bajo la lupa, pues han de confrontarse los hechos con los dichos, los inventarios con los inventos, los haberes con los deberes. Se trata de un análisis en toda forma, y si arroja resultados irregulares o adversos puede afectar la imagen, la carrera y hasta la libertad de quien resulte responsable.

Una auditoría somete irremediablemente a escrutinio la honestidad del funcionario, pero también su capacidad para dirigir, su talento para establecer y aplicar estrategias eficientes, su visión para seguir puntualmente los procesos necesarios, su agudeza para detectar fallas y evitar anomalías, así como su aptitud para aplicar como es debido el patrimonio encomendado y, si es el caso, preservarlo. Sin embargo, con lamentable frecuencia se designa a personas deshonestas o incapaces para desempeñar tareas que están fuera de su alcance o de las normas éticas exigibles.

Ese cúmulo de cualidades y capacidades debe reunirlas todo aquel que participa en las indagaciones, pues debe ser ajeno a toda sospecha, lo que implica que el auditor también ha de ser auditado, ya que debe mostrar irrefutablemente un perfil confiable. Sobra decir que en ese contexto resultan inadmisibles las auditorías ejecutadas por quienes dependen de la autoridad auditada, lo mismo que todo intento de coartar la independencia de quien realiza la auditoría.

Para desgracia de los mexicanos, lejos estamos de contar con una administración pública satisfactoria. Privan en el ámbito gubernamental no el acatamiento de las normas ni el manejo impoluto de los fondos, sino la arbitrariedad de los poderosos, las ocurrencias más costosas, el desprecio por la ley, las cooptaciones indebidas, las complicidades, los caprichos de quien manda y los compromisos inconfesables, todo lo cual propicia el desorden, la falta de control, las ineficiencias de todo orden y, como consecuencia, la corrupción, una enfermedad contagiosa, progresiva y disolvente.

El libro de Muna D. Buchahin es un valiente “yo acuso”, una elocuente radiografía de ese submundo de lo inconfesable, una implacable relación de procesos recientes que, lejos de afrontarse con la ley en la mano, se eluden, se minimizan, se esconden o se disfrazan porque, al menos hasta ahora, pueden más los intereses políticos, el amiguismo y, por supuesto, la corrupción, esa especie de cemento que une a los sinvergüenzas.

Si hubiera voluntad política, las autoridades podrían hacer mucho. Pero no es el caso. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se supone es el organismo cúpula en la materia, es una construcción más propicia al ocultamiento que a la clarificación. Está formado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa y un sinnúmero de instituciones de los gobiernos estatales y municipales.

Se diría que con esa composición el mencionado sistema tiene la fuerza suficiente para denunciar y atajar corruptelas, pero no es así. Quien se asome al portal del SNA hallará que su definición jurídica lo hace una entidad inútil, pues se define como “un mecanismo de coordinación entre distintos entes, por lo tanto, no es un sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de la misma Ley General. Cualquier solicitud de información que se requiera, debe hacerse a las autoridades o entidades que lo integran a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

De este modo, el Sistema Nacional Anticorrupción muestra de entrada su inutilidad, pues se supondría que está para ofrecer a los ciudadanos la información que se escamotea al público. De ahí que resulte superfino que su Comité Coordinador (obsérvese que no todos los integrantes, sino solo su Comité Coordinador) haya aprobado el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción, que supuestamente “define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México”, aunque obviamente no es de acatamiento obligatorio.

Integrante destacadísimo de dicho sistema es David Colmenares Páramo, quien representa la mejor garantía de que nada se hará para combatir corruptelas. En 2018 fue designado auditor superior de la Federación, pese a que años antes había sido despedido de la ASF por escandalosas omisiones cometidas en su revisión de las cuentas dejadas por el que fuera gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien Colmenares llama “hermano”.

Con ese antecedente, parecería inexplicable el nombramiento de Colmenares, pero esto es México y aquí la resbaladiza política propicia tales desfigures. El analista financiero Ricardo Alexander Márquez, en su artículo “Una Auditoría Superior al servicio del poder” (16/VII/23), escribió que la ASF “publicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había tenido un costo 232% mayor a lo previsto” por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “al ascender a 331 mil millones de pesos, monto que podría incrementarse, ya que no se encontraban identificados ni cuantificados los costos adicionales por la liquidación de los contratos pendientes, ni por los juicios y demandas interpuestos, lo que implica que era más barato terminar la obra que cancelarla”. Un completo lavado de manos.

Alexander Márquez dice que “a partir de ese momento la Auditoría Superior de la Federación había sido cooptada. Renunciaba a cumplir con sus funciones constitucionales. Redujo su desempeño, logró peores resultados y se alejó de su función de combate a la corrupción”. En realidad Colmenares, desde su llegada al cargo en 2018, hizo de la ASF un juguete de los intereses políticos, pues lo que motivó la salida de Muna Buchahin fue que ella y su equipo revelaron la Estafa Maestra, el “extravío” de más de siete mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que llevó a Rosario Robles a la cárcel, de donde salió sin que le hayan comprobado las acusaciones, lo que muestra, si hiciera falta, que no solo la Auditoría Superior de la Federación, sino también la Fiscalía federal y otros organismos han sido incapaces de realizar una investigación digna de ese nombre.

En la red de complicidades políticas era inaceptable que funcionarios honrados denunciaran un atraco a la nación por siete mil millones de pesos. Fue así como Colmenares y sus compinches desataron una guerra feroz contra la autora de este libro y su equipo, hasta que lograron sacarlos de la Auditoría, pues ya se sabe que los funcionarios honestos y eficientes son indeseables en los pantanos de la complicidad.

Acostumbrados a pisotear la dignidad y los derechos de los demás, los corruptos no se imaginaron que la valiente Muna Buchahin, lejos de amilanarse ante la sucia campaña de difamación y las amenazas, respondería con responsabilidad patriótica y valor civil a sus acusadores, a quienes no ha cesado de señalar con índice flamígero.

Tan le asiste la razón, que el proceder de Colmenares no deja de aportar elementos que confirman su ineficiencia, muy probablemente interesada, pues señala Alexander Márquez que si en 2018 la ASF realizó 1813 auditorías, en el primer año del actual sexenio fueron 455 menos. En el mismo tenor, bajo el gobierno de López Obrador se redujo a menos de la mitad el número de acciones legales emprendidas por la ASF.

Además, agrega que “las denuncias penales de los últimos cinco años principalmente se han concentrado en irregularidades del sexenio pasado. El único caso denunciado del gobierno actual es el desvío ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración y cuyo exdirector, Ignacio Ovalle, aún mantiene un cargo público”.

En defensa del funcionario responsable del mayor fraude del presente sexenio, el presidente dice “lo engañaron”, aunque es obvio que contaba con los medios para evitar el presunto engaño.

Por si algo faltara, en el informe de la Cuenta Pública de 2022, la ASF solo detectó irregularidades por 61.5 millones de pesos, fiscalización que es “la que menos auditorías ha realizado”, lo que explica que las irregularidades sean mínimas. Muy a tono con la alta opinión que le merece el militarismo al actual gobierno, “las auditorías no se han centrado en las fuerzas armadas —señala Alexander—, que ejercen miles de millones de pesos”, manejos “que se han distinguido por su opacidad”.

Un reportaje firmado por Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta Silverio, Ami Sosa Vera y Eduardo Buendía (15/11/23) muestra que la Auditoría Superior de la Federación, bajo el mando de Colmenares, solo ha recuperado 17 de cada 100 pesos “que se ejercieron de manera incorrecta”, mientras que entre 2000 y 2016 el promedio de dinero recuperado era de 53 pesos de cada 100. Por lo demás, la ASF se ha negado a informar sobre los avances en este renglón e “incluso clasificó como reservados documentos de observaciones ya aclaradas”. Como complemento, en septiembre de 2022 se produjo una “caída del sistema”, recurso providencial para tapar corruptelas.

Bajo la dirección de Colmenares, las denuncias de hechos ante el Ministerio Público suman la mitad de las presentadas durante un lapso semejante cuando era Juan Manuel Portal el auditor. En consonancia con el desgarriate actual, se han presentado errores en la revisión de la Cuenta Pública y fallas que no parecen casuales en el Sistema Público de Consulta de Auditorías.

“La gestión de Colmenares —dice el reportaje citado— tampoco ha considerado la realización de auditorías forenses cuando existan casos emblemáticos de posible corrupción, como las realizadas al caso de la Estafa Maestra. Solo para la Cuenta Pública 2017 se realizaron 12 informes de este tipo y fue una de las revisiones con menor cantidad. A partir de la fiscalización a 2018, se dejaron de practicar”.

En julio de 2023, en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano integrado por legisladores, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén señaló que “no se cuenta con un análisis profundo que permita a esta Comisión tomar decisiones respecto a la labor de fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación, así como en las metodologías para los procedimientos de planeación, ejecución y seguimiento de auditoría ni para generar mecanismos que permitan la mejora de este ente fiscalizador”.

Por su parte, la también diputada Inés Parra Juárez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que “ya pasaron dos años y no se puede justificar el tiempo para seguir aplazando esa promoción de denuncias de hechos; hay muchas auditorías, pero no denuncias. ¿De verdad estamos por el efectivo combate a la corrupción o por la mera simulación? La corrupción es el cáncer”, añadió.

La diputada Parra, en la comparecencia de Colmenares ante el pleno, muy significativamente le obsequió unos ratones de juguete al auditor y el miércoles 26 de julio de 2023 presentó una denuncia penal por el desvío de 273 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional, irregularidades que, dijo la legisladora, están documentadas en las cuentas públicas de 2019 a 2022, pese a lo cual no ha actuado la ASF, por lo que acusó a Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, quien está al frente de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, y a Víctor Manuel Andrade Martínez, que encabeza la Unidad de Asuntos Jurídicos, de “negligentes y encubridores”.

Lamentablemente, concluyó la valiente diputada Parra, “soy una voz en el desierto y hay toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de todos los partidos en colusión con los auditores de la Auditoría Superior”. Sí, pero no solo son diputados de todos los partidos, pues abundan los políticos que, como dice la expresión popular, tienen cola que les pisen. El presidente López Obrador repite en favor de él y los suyos: “No somos iguales”. Muna Buchahin, con abundancia de datos irrebatibles y un criterio altamente profesional, demuestra que, por lo menos, se parecen mucho.

Buchahin, Muna Dora. La casa sucia. La red de corrupción que llegó para quedarse. México. Grijalbo. 344 págs.