2025 Jun 6 Consecuencias de la fallida elección judicial. Gerardo Gutiérrez Candiani.

A diferencia de la comunicación del oficialismo que habla de un éxito y ejemplo para el mundo, según los números oficiales, la primera elección judicial fue desairada por los ciudadanos.
Indiferencia popular, en contra de lo que se aducía como justificación de la reforma que llevó a este experimento que sólo se ha hecho antes Bolivia: que era una exigencia de los mexicanos.

Como ha señalado Luis Carlos Ugalde, ex Presidente del Instituto Federal Electoral, no hay forma de sostener eso, si el año pasado hubo una participación en las elecciones federales de 61%, y ahora, para elegir a los jueces, magistrados y ministros, apenas del 13 por ciento. Y con un porcentaje inédito de votos nulos: más de 10%, cuando, históricamente, el dato está alrededor de 3 por ciento. Y con otro 10% de boletas sin llenar, la tasa de votación válida podría bajar a 9 por ciento.

Así fueron electos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales federales y diversos jueces de distrito y de tribunales estatales. 2 mil 681 cargos.

Pésimos resultados efectivos para un proceso electoral que no solo implica un retroceso para el Estado de derecho y la división de poderes, por dejar al Poder Judicial tan debilitado para sostener su independencia y por el golpe en seco a su profesionalización; desde el sinsentido de que sea la popularidad la base de un sistema de impartición de justicia. También exponen un retroceso muy triste para la democracia electoral mexicana: contra los avances que habíamos logrado en la ciudadanización de la operación de los procesos y su credibilidad.

A diferencia de las votaciones confiables y ciudadanizadas a las que nos habíamos acostumbrado, esta vez no fueron los ciudadanos quienes contaron los votos y vigilaron el proceso hasta dejar actas de casilla.

Así, estas elecciones dejan a un Poder Judicial marcado por una pobre legitimidad, dado su carácter fársico y por las deformaciones de la reforma que hay detrás.

Como ha señalado el centro de análisis México Evalúa sobre las consecuencias para el Estado de derecho, es difícil obviar la aplanadora legislativa que puso en marcha el oficialismo y sus aliados para obtener los votos necesarios para su aprobación, en un proceso plagado de irregularidades, vicios procedimentales, incluso chantajes.

Conforme a lo que han documentado esfuerzos como el del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), los comicios, de inicio, no contaron con las bases legales y normativas, ni presupuesto suficiente para los estándares que habían caracterizado en las últimas décadas a las elecciones. Por ejemplo: número de casillas instaladas, capacitación de los ciudadanos funcionarios de casilla y el conteo y cómputo de votos.

A eso se le suman las deficiencias por lo “novedoso” del proceso, como la falta de criterios homogéneos de los comités de evaluación, la distribución sesgada de vacantes y candidaturas, el diseño inequitativo de las boletas, la deficiente reglamentación y fiscalización de las campañas.

Efectivamente, si vimos tal desorden y tantas irregularidades en el proceso electoral, qué podíamos esperar del resultado, y más grave aún, de sus consecuencias para la justicia y la democracia.

Así es, una consecuencia es la de un Poder Judicial más vulnerable, propenso a ser capturado por intereses políticos y grupos fácticos. Sí, al echarse por la borda la carrera judicial, que podía tener defectos, pero se basaba en el mérito y el conocimiento, pasamos a un sistema que da entrada a juzgadores sin preparación, visión, compromiso, ni experiencia suficiente para hacer valer la ley y los derechos humanos.

En efecto, estamos ante un Poder Judicial sin las condiciones organizativas y funcionales que le permitan una gobernanza transparente y efectiva, sin un control interno bajo criterios y procedimientos claros.

Como han advertido especialistas en justicia y democracia, otro contrapeso institucional capturado, minimizado o extinguido, como ya sucedió con el INE, el Tribunal Electoral y los órganos autónomos cancelados.

Como dice México Evalúa: la premisa es simple pero contundente: no podemos aspirar a una mejor justicia y a un Estado de derecho sólido si los poderes judiciales no cuentan con condiciones de independencia y solidez institucional. Tiene razón igualmente en el énfasis en el contexto de inseguridad, corrupción e impunidad tan complejo y profundo: era descabellado ir a medidas o reformas motivadas por ocurrencias y experimentos; ya se hizo.

Para la economía, las consecuencias pueden bastante nocivas. Con efectos inmediatos y más aún a largo plazo.

Como ha señalado el ex Subgobernador de Banco de México Manuel Sánchez González en su columna, la elección popular de juzgadores colocará a individuos y empresas en una situación de vulnerabilidad jurídica significativamente mayor. Sin garantías de mejora en la protección de sus derechos frente a abusos del gobierno o de otras instancias de poder, ni mucho menos de un combate efectivo contra la delincuencia y la corrupción.

Efectivamente, la mayor incertidumbre jurídica generará una base endeble para las decisiones económicas, inhibiendo la inversión, el desarrollo empresarial, la innovación, y todo eso reducirá aún más las ya disminuidas posibilidades de progreso económico para nuestra nación.

Igual de preocupante, como ha destacado Enrique Quintana, el riesgo de más rezago judicial. Refiere de un estimado de que en el conjunto del Poder Judicial podría llegar a 236 mil resoluciones. ¿Cuánto va a ser con la “curva de aprendizaje” de los jueces recién electos, gran parte sin experiencia en la función ni en el área donde actuarán?

En efecto, es muy probable que empresas recurrirán a métodos alternativos, como la intermediación internacional para resolución de controversias, para contratos que hagan en México. Muchas simplemente evitarán hacer negocios aquí, por los riesgos jurídicos ante el poder discrecional y de arbitrariedad gubernamental, sin contención efectiva en leyes e instancias judiciales.

Para los ciudadanos de a pie no hay esas alternativas.

Tomado de: El Sol de México