2019 Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. Silvina M. Romano (Comp.)
Prólogo
E. Raúl Zaffaroni. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires
Nunca estuvo muy claro si en lo concerniente a la guerra y a la política debe darse la razón a Foucault o a Clausewitz: ¿Cuál es la continuación de la otra por otros medios? Pero ahora es mucho más difícil dar una respuesta, pues ambas se confunden: ¿Estamos en guerra o en política? ¿El lawfare es guerra o es política? ¿Qué responderían el francés y el prusiano frente a esto?
Nada surge en este mundo terrenal de la nada, sino que todo tiene historia, todo es geschichtliche. Pero cuando se quiere desentrañar la esencia de un fenómeno negativo desde su temporalidad, el observador no puede escapar a su propio talante que, según su ánimo, está predispuesto a la calma o a la alarma. No es el hecho, el material del mundo, sino el talante del observador que responde sosteniendo que no se trata de ninguna nueva amenaza o si, por el contrario, es algo diferente y más peligroso.
Si en la microfísica no podemos observar sin alterar el objeto observado, mucho más limitado parece nuestro conocimiento al asomarnos a los complejísimos fenómenos humanos y sociales. Por eso, frente a algo tan complejo como lo que ocupa las páginas de este pequeño y gran libro, es mucho más adecuado a nuestra limitada capacidad de comprensión, renunciar a la relación directa sujeto-objeto (que presupone colocarnos de antemano en el plano de superioridad del sujeto cognoscente frente al objeto a conocer), y procurar una aproximación bordeante, algo así como girar en torno del fenómeno, sin pretender lanzarnos directamente a hacia su núcleo.
Ante todo, el hoy llamado lawfare, no está separado de otros fenómenos. Al sobrevolarlo girando en su entorno, nos damos cuenta de que forma parte de una constelación mayor. Si se trata de satanizar al enemigo y mostrar al opositor político como corrupto y al estamento dominante como puro y angelical, lo primero que nos salta a la vista es que se trata de algo que no es verdad, es decir, que es una vulgar mentira, o sea, una falsedad. Luego, el lawfare es una categoría especial del género falsedades.
Si vemos que estas falsedades se valen de la comunicación, se trata también de difusión de mentiras o falsedades, sólo que valiéndose de algunos funcionarios llamados jueces y con consecuencias inmediatas de prisionización y estigmatización de las personas contra las que se dirigen. Pero esas particularidades no afectan el carácter genérico de información falsa, lo que nos permite caer en la cuenta de que el lawfare y las ahora llamadas fake news, no son fenómenos del todo independientes, sino que, más bien, el primero es una categoría particular de las segundas.
El observador de ánimo calmo nos diría que no es nada nuevo. Las noticias falsas crean realidad, porque la comunicación es un campo de lucha donde cada quien trata de crearnos la realidad conforme a sus intereses. Cuando alguien hegemoniza por completo el campo comunicacional, nos crea una única realidad, y eso ha pasado en todos los totalitarismos. Por otra parte, en la historia siempre ha habido guerra psicológica, tratando de desmoralizar al enemigo del modo más perverso imaginable. La creación de realidad en base a fake news tiene larga historia, con capítulos como Fouché o los once principios clásicos de Göbbels. Tampoco es nuevo valerse de personas disfrazadas de jueces, cuyo exponente máximo fue el trágico payaso Roland Freister y el Volksgericht. Es sabido que cuando la comunicación es monopólica u oligopólica, según la cultura, es capaz de crear realidades que son absolutamente irracionales. En tiempos en que los medios de comunicación eran los púlpitos, todos creían en brujas y las quemaban. Las noticias falsas siempre fueron un medio de desinformación […]. Para el ánimo del observador calmo, nada es nuevo, sólo una nueva tecnología.
Para los observadores de ánimo alarmado todo parece nuevo. Las noticias falsas se viralizan por las redes a una velocidad antes desconocida, y se dedican a eso agencias sofisticadas de las grandes potencias en lucha competitiva. Destacan que, al parecer, no tienen gran costo, en comparación con los de armamento e incluso de propaganda por los medios clásicos. Ejemplifican con la alta tecnología desarrollada por la Rusia de la era Putin y los Estados Unidos ahora en la era Trump. Deshilachan finamente esos métodos, ponen en descubierto que incluso se valen crecientemente de los conocimientos aportados por las neurociencias, con el objeto de impactar mejor emocionalmente. Nos llaman la atención sobre los big data y la publicidad individualmente dirigida. Los observadores alarmados nos hacen reflexionar sobre las particularidades de las redes, incluso de su diferencia con el simple chat, donde podemos asumir cualquier identidad y cancelarla inmediatamente saliendo del chat. Nos hacen notar que en las redes se asume un perfil que se integra en grupos numerosos -que fuera de las redes serían de imposible reunión-, que no podemos cambiar nuestra identidad a gusto sin perder el sentimiento de pertenencia generador de la tendencia a seguir al grupo para no perderlo, para no volver a estar solos. Los alarmados nos advierten que se insertan en esa comunicación los troll robotizados agresivos que producen conflicto, los bot automatizados que comparten opiniones y los chat-bot que las comentan, y nos hacen creer que se trata de participantes humanos. Para el observador alarmado todo es nuevo.
[…] En efecto: si bien nada parece ser nuevo en cuanto a métodos de desinformación y perversión, la velocidad y capacidad de penetración de éstos se ha incrementado notoriamente. Por ende, ni tan calmos ni tan alarmados, no por un afán aristotélico de buscar el justo medio, sino para prepararnos adecuadamente frente a esta táctica de lucha.
¿Pero de qué lucha se trata? ¿A qué responden el empleo de las fake news y su subcategoría de lawfare? ¿De qué poder son instrumentos hoy? ¿Quiénes son los que se valen de esos medios?
Si seguimos girando y miramos el panorama del poder del mundo desde la luna, ya que hace cincuenta años alguien la pisó, lo primero que descubriremos es que ni siquiera estamos seguros de esto último, debido también a fake news de su tiempo. Pero si la descartamos y con los pies en la luna miramos nuestro planeta, veremos potencias compitiendo con una guerra de noticias falsas y el mundo dividido en dos hemisferios, que ya no son este-oeste sino norte-sur. En general hay un norte rico -aunque con manchas de pobreza- y un sur pobre - aunque con manchas menores de riqueza- y, en perspectiva dinámica se percibe con claridad que la riqueza se concentra aceleradamente en menos manos.
Cuando nuestro giro aproximativo que va bordeando el fenómeno se acerca a nuestra región, todo parece indicar que las fake news tienden a ser más lawfare que en el norte y que son utilizadas por las manchas de riqueza del sur para controlar a los excluidos, que son gran y creciente mayoría, todo en particular sintonía con el norte, que le transfiere algo -aunque no más de lo estrictamente necesario- de su sofisticada tecnología.
En síntesis: lo que enfrentamos es un mundo cada vez más desigual. Si tenemos en cuenta que el modelo ideal del llamado desigual. Si tenemos en cuenta que el modelo ideal del llamado Estado de derecho es aquel en que todos seríamos iguales ante la ley, es obvio que todo Estado real que se aproxime a este modelo ideal debe ser desbaratado por el poder de la riqueza que se concentra. En definitiva, de eso se trata: destruir el Estado de derecho, porque obstaculiza la creciente concentración de riqueza.
Cuando seguimos desplegando nuestros círculos de aproximación, vemos que el norte se encapsula, los ricos septentrionales se encierran porque se sienten amenazados por los millones de pobres del sur, dejan morir en sus playas a los que llegan náufragos, temen la invasión de los del sur, ricos sólo en melanina. Por eso se encapsulan y se vuelven más racistas, para defender sus privilegios de pobres en melanina.
Si seguimos girando y observando más de cerca nuestra región, veremos que los pocos de las raras manchas ricas también se encapsulan, pero tienen que hacerlo mejor, porque, a diferencia de los ricos del norte, están rodeados -en contacto inmediato- con la creciente mayoría de excluidos, su temor ya es pánico y a veces terror, el grado de miedo dentro de la cápsula guarda relación inversa con el tiempo en que llegaron a ella: experimentan mucho más miedo los que lograron entrar más recientemente, porque sienten su posición más precaria. Las fake news y su subcategoria de lawfare -sus mentiras- suelen servir para crear una realidad que haga creer a muchos excluidos que están dentro de la cápsula, cuando nunca estuvieron ni podrán tener jamás un boleto de ingreso a ella.
¿Pero quienes lideran la cápsula grande del norte y las pequeñas del sur? No son los políticos, que ya no tienen poder autónomo en el mundo, porque son marionetas de los que hoy tienden a sustituir la política, es decir, los tecnócratas de las corporaciones transnacionales, los chief executive officers, formalmente llamados directores ejecutivos. ¿Pero son ellos acaso los dueños del dinero? No, no son los Henry Ford del viejo capitalismo productivo. ¿Son acaso los aristócratas o señores feudales? No no tienen el poder territorial de aquellos.
Son empleados de lujo de masas enormes de dinero entramadas en entes ficticios llamados sociedades anónimas, algunas reales y otras falsas (offshore). Cometen delitos a granel: estafan en dimensiones astronómicas, endeudan en administraciones fraudulentas, explotan trabajo esclavo a distancia, extorsionan a Gobiernos, financian golpes de Estado, defraudan fiscos, instigan cohechos y prevaricatos, encubren y reciclan el dinero proveniente de todas las criminalidades organizadas del planeta y se disputan la prestación de ese servicio. En síntesis: acumulan dinero.
¿Pero qué es el dinero? Hace mucho que se abandonó el patrón oro, ahora el dinero son papeles, que ni siquiera existen en la cantidad que se contabiliza, porque por efecto del crédito numéricamente se multiplican en los bancos y, finalmente, acaban siendo números en computers, en base a los que se especula financieramente y se transfieren electrónicamente. Parecen ser virtualidades en una economía que crece sin producir, porque la curva de la actividad financiera se aleja hacia arriba en relación a la del PBI mundial, que sube mucho más lentamente. Pero los Ceos concentran números astronómicos de algo que no sabemos muy bien si es riqueza y mucho menos podemos saber qué sucedería si -en el futuro- alguien interrumpiese la corriente eléctrica y pinchase el globo de esta realidad bastante virtual.
Pero en el presente podemos ver cómo los encapsulados desbaratan los Estados (más o menos) de derecho existentes. En el norte para mantener lejos a los ricos en melanina, en el sur para defenderse de los vecinos pegados a su cápsula. El sur siempre fue dominado y, por cierto, sus Estados de derecho siempre fueron precarios y muchas veces desparecieron, arrasados por dictaduras. Es obvio que sociedades más o menos colonizadas no pueden ser igualitarias, pero en los pocos momentos de autodeterminación emergieron débiles Estados de derecho. Es funcional al norte la degradación de estos Estados, su corrupción y desbaratamiento institucional, como antes fue su arrasamiento total por la vía de dictaduras, valiéndose de los militares. Ahora de eso se encargan los líderes de las pequeñas cápsulas locales y a veces, políticos que asumen el papel de muñecos de ventrílocuo de éstos, pero que proceden a pervertir democracias con el apoyo de jueces, que ahora reemplazan a los militares en esta tarea.
¿Qué es lo que desbaratan? ¿De dónde proviene la idea de que podemos montar Estados de derecho? ¿Qué es en definitiva lo que está en peligro de extinción? Si retiramos todo lo que confunde y miramos el fondo de la verdad, lo que está en peligro -porque es seriamente agredido- es la sociedad con democracia plural y los valores del viejo liberalismo político. A este respecto no nos podemos confundir.
Quien formule una afirmación como la anterior, puede ser tachado hasta de reaccionario en nuestra región, porque el liberalismo político siempre fue declamado, especialmente por los más perversos genocidas y por las oligarquías más detestables y racistas, que en singulares alianzas cometieron las peores atrocidades de nuestra historia regional. Pero eso nada tiene que ver con los valores originales, traicionados por nuestras minorías de todos los tiempos y que siguen traicionando hoy, cuando su condición de mandatarios del actual totalitarismo financiero la pretenden encubrir con la ideología actualmente más opuesta a los derechos humanos y que autodenominan neoliberal.
Esa ideología, como antípoda confrontativa con los derechos humanos, ocupa hoy el lugar que otrora tuvieron las ideologías de los totalitarismos de entreguerras y, por cierto, de liberal no tiene nada y de neo tampoco, porque la apetencia a acumular riqueza a cualquier precio, en todos los tiempos, fue considerada un vicio execrable. Postular descaradamente que el principal objetivo del ser humano es la acumulación de riqueza -como lo hace Friedrich von Hayek-, no es sólo una antropología aberrante, sino la confesión de una patología que, dicha en forma tan abierta, denota aún más su gravedad, es decir, la total falta de consciencia de enfermedad. Quien pretende como objetivo para sí -y se supone que también para los demás- la acumulación indefinida de riqueza que no podrá gastar en su vida ni en la de varias generaciones futuras no hace otra cosa que huir de la muerte como inexorable destino final, o sea, confiesa su absoluta incapacidad de existir, escondida bajo una obvia pretensión patológica de inmortalidad.
Es verdad que el liberalismo político surgió en Europa por efecto de una clase cuyo ascenso se debía a los genocidios colonialistas y esclavistas en el sur. Pero al menos, quienes los soñaron en el centro del poder de ese momento, por representar a una clase en ascenso y lucha, lo hicieron honestamente y no se les puede negar su impronta liberadora.
Es verdad también -y no conviene olvidarlo- que esa clase en ascenso, cuando se instaló en el poder, abandonó esos valores, reemplazándolos por el reduccionismo biológico del más burdo y vergonzoso racismo, que exportaron a nuestra región, como ideología propia de nuestras repúblicas oligárquicas. Recordemos que para su importación local fue antes necesario eliminar a los próceres de nuestras independencias, que era auténticos liberales políticos, molestos a los planes de instalación del neocolonialismo oligárquico.
No obstante, no fue posible borrar del todo de la memoria universal los valores del liberalismo político y, cuando en el siglo pasado se enredaron los del norte en su atroz racismo y victimizaron -en su propio territorio y por millones- a quienes tenían igual carencia de melanina, se vieron forzados a rescatar los viejos valores y convertirlos en normas de derecho internacional con pretendida vigencia universal.
Esa pretensión era demasiado generosa, sirvió de máscara en un mundo bipolar para mostrar un rostro amable, pero cuando no hubo nada que contener, cuando terminó el mundo bipolar, las sonrisas fueron reemplazadas por un gesto adusto de gendarme con garrote en mano, que es el actual totalitarismo financiero.
Así es como la promesa de vigencia universal se bastardea nuevamente hasta parecer una broma de mal gusto, mientras el desbaratamiento de los Estados sociales de derecho y la perversión de las bases mismas de la propia democracia mediante la creación única de realidades, valida de las fake news y de su subcategoría de lawfare.
Estos recursos de viejos trucos con nueva tecnología -que potencia su penetración y acelera su eficacia creativa de realidad- no son otra cosa que parte de la lucha mundial actual por el desbaratamiento de los derechos humanos.
Pero la lucha continúa, los derechos no con concesiones graciosas, sino que se obtienen por lucha, muchas veces se arrancan y después es menester cuidarlos. A nuevas tácticas de agresión corresponde el entrenamiento en nuevas tácticas de defensa. Volvamos a leer al viejo Rudolf von Jhering.
Buenos Aires, julio de 2019.
Introducción
Lawfare: judicialización de la política y neoliberalismo en América Latina. Silvina M. Romano
América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico, en el marco de una “guerra contra la corrupción”, que promete ser de largo aliento, de tremendo impacto en la política y con intereses de fondo ocultos a la opinión pública. El impeachment a Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil, así como la persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su Gobierno en Argentina y el encarcelamiento del exvicepresidente, Jorge Glas -incluido el caso judicial abierto contra el expresidente Rafael Correa en Ecuador- son algunos de los ejemplos más evidentes de la apertura y legitimación de un nuevo frente de batalla: el lawfare o guerra judicial con fines políticos.
El lawfare (o guerra jurídica) puede ser definido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política; la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Considerando el escenario latinoamericano en la última década, donde se ha exacerbado la tensión entre Gobiernos/alternativas posneoliberales y Gobiernos/alternativas de derecha neoliberal, este proceso de judicialización de la política ha tenido un fuerte impacto. Opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes. Así se allana el terreno para una juristocracia en ascenso, que tiende a reemplazar (y amputar) las instancias representativas y deliberativas de la democracia, otorgando rol protagónico a los tribunales. En este marco, se hace evidente el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna (alejándose de la “imparcialidad” y el “apoliticismo” con el que intenta asociarse la aplicación de la ley).
Esta selectividad de casos, que resulta fundamental en la guerra jurídica, requiere de una articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. La eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública, en momentos políticos “clave” (durante campañas electorales, por ejemplo). La desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal, va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica (pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo, de altos costes, que deben cubrir los ex funcionarios).
Como se verá a lo largo del libro, el lawfare no opera únicamente contra una izquierda progresista, ni fue “inventado” exclusivamente para obstaculizar la permanencia del progresismo en el Gobierno. Sin embargo, la cantidad de casos, el timing político y la persistencia de la persecución política por la vía judicial de líderes o exfuncionarios y funcionarias del progresismo permite utilizar este concepto para caracterizar una batalla política de largo aliento que se dirime en terreno judicial.
Sobre el lawfare
En 1999, en una obra titulada Unrestricted Warfare (Guerra ilimitada), el militar estadounidense Charles Dunlap propone el término de lawfare para definir un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. El concepto adquiere trascendencia un par de años después, en el contexto de guerra contra el terrorismo global post 9/11, instalando y ampliando la noción de guerra como operación jurídica. Esta primera definición de lawfare, publicada en una revista académica de derecho, es “negativa” pues se comprende como un “mal uso o abuso de la ley”. Desde la perspectiva de Dunlap (como representante del establishment militar de EE. UU.), son los “enemigos” de la democracia, los DD. HH., etc. los que hacen un mal uso o manipulan la ley en contra de EE. UU. (por ejemplo, diversos organismos palestinos que denuncian los abusos del Estado de Israel). Años después, sin embargo, el mismo Dunlap aceptó que el lawfare también puede ser utilizado para propósitos “nobles”, advirtiendo que EE. UU. debería acudir al lawfare para enfrentarse a sus enemigos en guerras asimétricas. Habilita así una línea que aboga por la necesidad de incluir el lawfare como herramienta clave para garantizar la seguridad nacional de EE. UU.
En este libro, retomamos la noción negativa de lawfare, pero desde una perspectiva crítica que afirma exactamente lo contrario a la postura de Dunlap: el lawfare, como abuso de la ley, materializa la asimetría, la colonialidad y la dependencia inscritas en las relaciones internacionales. Así lo define Twail (Thrid World Approches to International Law), un movimiento político y social derivado de la Conferencia de Bandung que denuncia las asimetrías y colonialidad inscritas en la ley internacional, en perjuicio de los países periféricos. Los Estados más poderosos (como EE. UU.) utilizan al Derecho para imponer (por vías más o menos violentas) un determinado orden que les resulta conveniente a sus intereses (económicos, políticos, de seguridad nacional, etc.). Desde esta postura, los sistemas legales y aparatos judiciales de países considerados “enemigos” de la libertad, la democracia, etc., son catalogados como fallidos, corruptos o que no reúnen los “estándares de legalidad correctos” (según los define EE. UU./Occidente). En una dinámica que reproduce esta lógica al interior de los países periféricos, el lawfare deviene en una herramienta utilizada desde el Estado, el Gobierno o desde minorías privilegiadas que “desde arriba” reorganizan el escenario a favor de los intereses de la red transnacional de poder.
Desde esta perspectiva, el lawfare forma parte de un proceso de judicialización de la política donde, por ejemplo, el Gobierno de turno para permanecer en el poder, cambia o presiona para sancionar leyes que limiten las posibilidades de que se elijan determinados candidatos (especialmente en contextos electorales) o para arrestar a líderes de la oposición, en general alegando “traición” o “corrupción”.
A su vez, la utilización de la ley desde arriba propicia una creciente “juristocracia” que aumenta, hasta su deformación, el alcance del aparato judicial o de los tribunales en la política, intentando resolver por la vía judicial lo que debería ser resuelto por la vía política:
Sólo en la última década las cortes constitucionales en 25 países han sido llamadas a determinar el futuro político de líderes prominentes por la vía del impeachment o por juicios de descalificación. Las cortes aprobaron o desaprobaron la repetición de mandato de varios políticos, a la vez que llevaron a cabo “juicios políticos” contra candidatos prominentes y líderes de la oposición que han sido imposibilitados (legalmente) o removidos de la competencia electoral por un jurado politizado. El resultado es que se viene generando una profunda transferencia de poder de las instituciones representativas a las instituciones judiciales, fomentando una transición hacia la juristocracia.
La juristocracia es un modo de recortar la democracia liberal procedimental (amputando el canal representativo y deliberativo). A su vez, en América Latina la juristocracia asume un rol protagónico en el retorno o la permanencia de Gobiernos de derecha/conservadores, sirviendo como uno de los engranajes para la (re)habilitación del neoliberalismo y la anulación/obturación de sectores y líderes que postulan proyectos alternativos.
Origen del lawfare y EE. UU. en América Latina
La legitimidad otorgada a la judicialización de la política emana del consenso sobre la “corrupción” como problema fundamental de América Latina, agenda que viene siendo instalada en la región desde inicios de la década de los 80, en el marco del ajuste estructural y la modernización del Estado. El proceso de recorte del Estado y de la privatización de lo público impulsados por las instituciones financieras internacionales (como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID) y los organismos bilaterales estadounidenses en América Latina (como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Usaid), incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Desde aquellos años se fue acuñando el relato de la “corrupción” como un mal propio (inevitable) de lo público y del Estado. Esta corrupción debe ser extirpada del Estado apelando entonces a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (supuestamente apolíticos). Este antecedente explica, en parte, el hecho de que la persecución judicial se haya exacerbado contra funcionarios de Gobiernos que propiciaron la intervención del Estado en materia económica y social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando lo público.
Estados Unidos tiene un rol fundamental en el proceso de judicialización de la política en general y en el protagonismo del lawfare en particular, de forma directa e indirecta.
Implicación de EE. UU. en el lawfare de modo directo
En primer lugar, EE. UU. es el principal asesor en las reformas jurídicas y “modernización” de los aparatos legales, a través de la Usaid. Tanto los organismos del Estado como las fundaciones y ONGs de EE. UU. tienen un rol clave en los procesos de justicia transicional en América Latina, destacando los casos de países centroamericanos y de Colombia. Desde hace décadas se implementan diferentes programas de asistencia legal con países de la región con los que EE. UU. tiene tratados en este ámbito, que pueden ejercer un peso clave en la política interna de un país, como lo muestra el caso del Lava Jato en Brasil. Un ejemplo, son los acuerdos de cooperación eficaz o la inclusión de la delación premiada (o modalidad del “arrepentido”) como instrumento clave para los juicios.
Así, la reestructuración de los aparatos de justicia y el modo en que se lleva a cabo, suelen coincidir con los parámetros estadounidenses. Es sugerente que en muchos casos, las modificaciones en el ámbito jurídico y legal sean presentadas ante autoridades del Gobierno y think tanks estadounidenses para ser evaluadas.
Las reformas jurídicas que se siguen implementando en América Latina, están en buena medida articuladas a los programas de asistencia para el desarrollo y la asesoría y capacitación del Departamento de Justicia de EE. UU. Un ejemplo importante de la presencia de EE. UU. es el “Proyecto Puentes” (2009), mediante el que el Departamento de Justicia de EE. UU. asesoró a miembros de los aparatos judiciales de América Latina en técnicas y mecanismos contra la corrupción, terrorismo y lavado de dinero. Se llevó a cabo en Brasil y uno de los alumnos destacados fue el juez Sergio Moro, uno de los máximos responsables de la causa del Lava Jato contra Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores.
En segundo lugar, en un plano menos visible (ilegal) las embajadas de EE. UU. en diferentes países han participado en los procesos de judicialización de la política, a través de sus vínculos con sectores políticos y empresariales, y sobre todo, por medio de las relaciones con funcionarios o exfuncionarios que operan como informantes y bisagra entre los intereses estadounidenses y la política local. Algunos cables filtrados por Wikileaks, así como diversos testimonios muestran la persistencia de esta práctica.
En tercer lugar, EE. UU. se arroga el rol de “Juez internacional”, con las prerrogativas y autoridad para actuar en cualquier territorio del planeta por asuntos de seguridad nacional (o que afecte a intereses público-privados de la Nación). El modo en que se aplica la Foreign Corrupt Practices Act a nivel internacional así lo demuestra: EE. UU. utiliza sus propias leyes de su propio sistema legal para imponer sus intereses a nivel mundial. En el caso de América Latina, es claro a partir del modo en que se aplicó para el caso de Odebrecht. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE. UU. enjuició a la transnacional brasileña por corrupción en obras realizadas en territorio estadounidense, entrando en contacto y pidiendo la colaboración (información) a los aparatos judiciales de los países de América Latina donde Odebrecht realizó obras de infraestructura. En efecto, la intervención de EE. UU. en el caso Lava Jato se hace evidente en las conversaciones filtradas por The intercept, que dan cuenta de una evidente colaboración entre miembros clave de la justicia brasileña (Sérgio Moro y Deltan Dallagnol) y funcionarios estadounidenses (que incluso actuaron físicamente desde Brasil). EE. UU. fue clave en la causa y la demanda fue lanzada precisamente a través de la Foreign Corrupt Practices Act.
Un dato no menor, es que expertos estadounidenses advierten sobre el alcance de esta ley, en tanto postula una “cruzada contra la corrupción” hacia fuera, permitiendo sin embargo numerosísimos actos de corrupción en territorio estadounidense que a su vez se proyectan en un “modo de hacer las cosas” en política exterior, caracterizado por prácticas corruptas que se han naturalizado. Los diversos actos de corrupción propiciados por el Gobierno y otras agencias del Estado estadounidense arrojan un manto de dudas sobre el rol que EE. UU. se arroga a sí mismo para juzgar los actos de corrupción en cualquier parte del mundo.
Implicación de EE. UU. en el lawfare de modo indirecto
El discurso de la corrupción ha sido el terreno fértil en el que proliferaron las causas contra funcionarios de Gobierno. En los últimos diez años, los think tanks estadounidenses junto con los principales medios de prensa de ese país contribuyeron a instalar la corrupción y la inseguridad como los dos problemas principales para América Latina.
Este discurso adquirió carácter de “realidad real” al tener importante impacto en la opinión pública, coincidiendo con discursos y prácticas promovidas por la derecha y algunos sectores de la izquierda latinoamericana, que atribuyen el aumento de la inseguridad y la corrupción a las políticas implementadas por los Gobiernos progresistas (advirtiendo que utilizaron a los sectores populares para obtener votos, se enriquecieron y luego los abandonaron a su suerte, etc.). Estos sectores, suelen tener relaciones o vínculos directos con think tanks, fundaciones, ONGs, organismos internacionales, etc., del Gobierno y sector privado de EE. UU. (por la vía de la financiación) o indirectos (por compartir eventos, espacios institucionales, periodísticos, académicos, etc.).
El Inter American Dialogue, por ejemplo, viene haciendo un seguimiento pormenorizado del Lava Jato. Además de elaborar informes y brindar declaraciones a medios de prensa, expuso frente al Congreso de EE. UU. los hallazgos de sus investigaciones, 30 incluyendo una serie de recomendaciones con un alto potencial de intervención en asuntos internos de los países: utilizar la Foreign Corruption Practices Act como herramienta de poder blando (la ley mediante la que EE. UU. se atribuye el liderazgo de la lucha contra la corrupción a nivel internacional, aún cuando el Estado norteamericano muestra serias inconsistencias en esta lucha a nivel nacional); que los embajadores asistan a los juicios clave (¿qué sucedería cuando se trate de juicios contra funcionarios que durante su gestión mantuvieron distancia o relaciones controversiales con el Gobierno de EE. UU.?); continuar asistiendo a periodismo de investigación y sociedad civil (esto es complejo cuando se conoce la influencia de fundaciones y ONGs en la lucha anticorrupción asociada a intereses del sector privado estadounidense, como la fundación Atlas), lo mismo el apoyo a periodismo de investigación, difícilmente imparcial en este tipo de casos (considerando la trayectoria de ciertos organismos de prensa en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa y sus vínculos con fundaciones de EE. UU., con una postura claramente adversa a los Gobiernos posneoliberales).
Objetivos del lawfare: la experiencia en algunos países de la región
A corto plazo, uno de los objetivos del lawfare es “hacer una limpieza” de la política. Tras una guerra que se jacta de librarse en contra de “la política y los políticos en general”, se percibe una clara selectividad de los casos, con castigos más marcados y prolongados para funcionarios y exfuncionarios de Gobiernos progresistas.
La limpieza tiene otro objetivo u efecto menos visible, que es profundizar las conductas antipolíticas, es decir, incentivar el distanciamiento de cualquier tipo de participación política por parte de la ciudadanía, fomentar el privatismo civil, reforzar la privatización de las conductas. La (re) instauración o consolidación del neoliberalismo requiere de alimentar o fomentar la despolitización de la sociedad, anclado en un sentido común donde todos los políticos, el Estado y lo público confluyen en una espiral de corrupción que, en apariencia, solo podría ser resuelta por “técnicos” que inoculen en el aparato estatal las “buenas prácticas” del sector privado. El lawfare cobra sentido, entonces, como herramienta a favor de este proceso, operando en ocasiones de modo violento y haciendo uso de la fuerza represiva para “salvar” al Estado de Derecho y a la democracia.
En este escenario generado por el lawfare, se hace más simple e incluso se percibe como necesario y conveniente retomar (o reforzar, según sea el caso) la vía neoliberal. El “caos inminente” (que es donde el lawfare adquiere su máxima expresión de “guerra” no convencional, como se expondrá en uno de los capítulos), genera la necesidad de una justicia que se eleve por encima de los demás aparatos del Estado y que sea capaz de salvar la democracia. Para ello, paradójicamente, por un lado, se elimina al Estado: se recurre a un Estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos conducen a la omisión de la ley a favor de la (re)imposición violenta del neoliberalismo32 (la imposición de Temer y el actual Gobierno de Bolsonaro en Brasil indican esta deriva). Este orden intenta mostrarse como legal, “naturalmente” predispuesto a la rendición de cuentas y a la transparencia (es decir, contrario a prácticas corruptas), por seguir la lógica y el “modo de hacer las cosas” (de forma correcta) del sector privado; por estar resguardado y dirigido por empresarios devenidos en políticos (el Gobierno de Macri en Argentina y el Gobierno de Lenin Moreno en Ecuador, parecen orientarse en esta dirección).
Por otro lado, pero asociado a lo anterior, esta necesidad de “retorno al orden” habilita o legitima el retorno de sectores de las Fuerzas Armadas a la esfera política formal. En el caso de Brasil, es evidente con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia nacional y en el rol que asumieron los militares en la formación de opinión pública durante la campaña presidencial (y el encarcelamiento de Lula da Silva) a través de las redes sociales.
Este rol político que vuelven a asumir las FF. AA, se asocia a un “necesario” disciplinamiento social, ante el “caos generado por la corrupción” y que persiste en el tiempo para garantizar el ajuste neoliberal (vía represión). Así, en el seno del lawfare encontramos la despolitización de la sociedad sumada a una creciente y preocupante securitización de la política en algunos países. Ilustrativo es que el Gobierno de Bolsonaro reivindica como un logro el Golpe cívico militar de 1964 en ese país, advirtiendo la escasa valoración de los derechos, garantías y libertades mínimas de un Estado de Derecho, a la vez que muestra un escenario en el que es posible posicionarse de este modo (aunque implique vulnerar diversos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, etc.).
El rol asumido por las FF. AA. en el lawfare también nos recuerda la dimensión geopolítica del lawfare, que trasciende el ámbito castrense. El ejemplo más concluyente es la guerra librada contra Venezuela. En este conflicto, el lawfare, el abuso de la ley y la utilización de diversos mecanismos legales (incluidas las sanciones económicas) se suma a las herramientas de una guerra híbrida permanente contra el proceso de cambio. En este escenario, el concepto de lawfare adquiere su máxima expresión como “una guerra por otros medios” para lograr un cambio de régimen, que presume de ser “menos violento” que la incursión armada, pero que en los hechos se traduce en presiones económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas que generan un escenario de caos, que justificaría una intervención desde fuera (diplomática, económica, política y militar) para “poner orden”. Las sanciones económicas, la presión diplomática, el modo de implementación de la “ayuda humanitaria” y la operación de un gobierno paralelo, es posible en el marco legal habilitado para esto, que a su vez requiere de la inhabilitación de otros tratados y acuerdos que postulan la ilegalidad de tales prácticas. Esto da cuenta de una clara asimetría en el modo en que se aplican las leyes en el sistema internacional a la vez que muestra las tensiones en una geopolítica global en plena transformación: Venezuela pone a América Latina en el centro de las disputas entre EE. UU., China y Rusia.
El objetivo de impulsar el orden neoliberal se visualiza con mayor claridad en aquellos casos en los que la estrategia jurídica es utilizada “a la inversa”, para garantizar la permanencia de sectores que defienden este modelo y ocupan la esfera política
formal. En estos casos, el aparato judicial se eleva por encima de los demás poderes y las herramientas legales se manipulan para garantizar el statu quo, haciendo mancuerna con la prensa para silenciar ciertos casos y evitar la exposición de determinadas personalidades frente a la opinión pública (como lo muestra el caso de Colombia expuesto en este libro).
Por otra parte, la “guerra contra la corrupción” librada desde los sectores de poder para dirimir tensiones internas y hacer cierta limpieza entre las derechas, como es el caso de Perú, indica la tendencia a una judicialización de la política e indudablemente la presencia de una juristocracia. Es decir: en nombre del Estado y la democracia, se amputa al Estado de Derecho y los componentes representativos y deliberativos de la democracia. Sin embargo, la diferencia con casos como el de Argentina, Brasil o Ecuador, es que cuando la derecha ajusticia a la derecha, no se disputan proyectos o modelos de país antagónicos, sino que, por el contrario, el objetivo es demostrar que el Estado neoliberal “sí es efectivo” en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, es conveniente mantener este statu quo, con la derecha ocupando la esfera política formal. Aunque en el proceso se recorte la democracia liberal procedimental que en apariencia se busca defender. Así, en Perú existe la persecución política por la vía judicial (así lo indica tanto el suicidio del expresidente Alan García como el pedido de prisión para Keiko Fujimori, como se expone en este libro), pero esta elevación del aparato judicial por encima de los demás poderes, se hace más bien para salvar un orden neoliberal amenazado por una corrupción intestina, que necesita una limpieza para seguir operando. La democracia peruana, sostenida prácticamente por su dimensión procedimental (a diferencia de las democracias de Gobiernos progresistas que otorgaron mayor protagonismo e importancia a la sustancia) debe “mostrar” que sigue siendo válida (“seria”), hacia el interior y sobre todo hacia el exterior.
En concreto, la siguiente obra pretende mostrar el modo en que viene operando el lawfare en diferentes países de América Latina, a partir de casos concretos abordados en los diferentes capítulos que dan cuenta de la presencia de todos o algunos de sus componentes: persecución política por la vía judicial; manipulación del funcionamiento del aparato judicial y su elevación por encima de los demás poderes propiciando el “abuso” de la autoridad de los jueces; manipulación mediática y de redes sociales para escandalizar algunos casos y ocultar otros; el abuso de la ley o mal uso del derecho para aniquilar la economía de un país o para aislarlo diplomáticamente. En todos los casos se percibe la presencia del Estado-sector privado de EE. UU., generalmente asociado a la causa Odebrecht, pero también asociado a programas de capacitación, reuniones e intercambio con fundaciones, vínculos de la embajada con “informantes clave” en procesos judiciales, etc. A su vez, las diferentes experiencias muestran un mayor o menor éxito respecto de los objetivos a los que parece contribuir el lawfare: (re)instauración del neoliberalismo (que se traduce en la implementación de lineamientos económicos, políticos y sociales orientados a la liberalización del mercado, etc.); la despolitización de la sociedad y del Estado (tendencia a la empresarialización y “tecnificación” del aparato estatal); la rearticulación del aparato represivo al servicio de un Estado neoliberal.
A través de esta compilación, el compromiso del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) es intentar comunicar al público en general, del modo más sintético y ameno posible -sin resignar la rigurosidad y nivel de análisis- la dinámica, objetivos e intereses del lawfare, que suelen ser ocultados o silenciados tanto por la prensa hegemónica como por los “expertos” que contribuyen (deliberadamente o no) a la fabricación de una opinión pública marcadamente antipolítica y anti Estado. Esperamos, con esto, contribuir a la batalla cultural y política, aportando a los ideales y prácticas de la emancipación y autodeterminación de una América Latina que hoy más que nunca, está en lucha cotidiana y permanente por su dignidad.
Contenido
Prólogo . E. Raúl Zaffaroni
Introducción. Lawfare, judicialización de la política y neoliberalismo en América Latina. Silvina M. Romano
Juristocracia y ámbitos de aplicación en el lawfare brasileño. Amílcar Salas Oroño
El lawfare en Argentina: doble rasero, show y mafias. Camila Vollenweider
Lawfare en Ecuador: la vía “Lenin” al neoliberalismo. Ava Gómez Daza y Javier Calderón Castillo
Perú ¿guerra jurídica o método de disciplinamiento de las élites que aspiran al control del Estado?. Bárbara Ester
La aplicación del lawfare en Colombia. Javier Calderón Castillo
Lawfare y guerra híbrida: Venezuela en la disputa geopolítica. Silvina M. Romano, Arantxa Tirado y Giordana García Solo