Advertencia del Autor.

Hace 24 años que arrastrado del seductor amor a la verdad, sin reflexionar los grandes peligros, a que me exponía, emprendí mis cartas económico-políticas, suponiendo que aconsejaba a un príncipe imaginario para atacar con mas libertad los errores garrafales adoptados por nuestro gobierno, como verdades benéficas, y aventuré de buena fe proposiciones, que debieran haberme acarreado mi desgracia; mas por felicidad aunque corrí atrevidamente en el estrecho sendero de un horrible precipicio no caí en él. Conocí al cabo mi riesgo y me separé de él suspendiendo la continuación de mi obra: así guardé algunas de las cartas que de cuando en cuando escribía sobre la economía política, por si llevaba el tiempo de continuar mi obra. Una de ellas fue el sueño siguiente cuya impresión no solicité temiendo que nuestro Gobierno le desaprobara, mas hallándome en Filadelfia donde la libertad de imprenta está en su colmo me resolví a publicar mis ideas sobre lo que debía hacer un Príncipe con sus colonias, a fin de que los económico-políticos españoles fiasen su atención sobre un punto tan importante, y persuadido a que las verdades políticas se descubren desando a las opiniones que luchen entre sí; pero tuve la precaución de que el folleto no solo saliera anónimo, sino en nombre de un editor.

El papel de los especialistas en Gobierno y Administración Pública es cada día más importante, sobre todo en la medida que crece la desconfianza y disminuye el aprecio de los habitantes del país hacia los administradores públicos. Ante exigencias crecientes hacia ellos hay resultados decrecientes, cuando debería ser al contrario: resultados crecientes y exigencias decrecientes. La falta de confianza es un fenómeno global. Es difícil ser político, gobernante o servidor público ante la presión permanente de los medios de comunicación antiguos y sobre todo de los modernos. Hay necesidad de una mejor explicación de su parte con el auxilio de los especialistas.

Les corresponde a los especialistas en Gobierno y Administración Pública restablecer o, en muchos casos, instituir la confianza y el aprecio de los habitantes del país en los políticos y en los servidores públicos al propiciar, como asesores, estudiosos o practicantes, la dignificación de la política y del servicio público.

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EL PROBLEMA DEL INDIO. SU NUEVO PLANTEAMIENTO

Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos -y a veces sólo verbales-, condenados a un absoluto descrédito. No las salva a algunas su buena fe. Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los "gamonales" (1).

El informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a ratificar lo que siempre se supo y se quiso ocultar: "Fue un crimen de Estado". Con esas cinco palabras iniciamos el texto publicado en esta sección de La Jornada el 13 de octubre de 2014, a sólo dos semanas de los hechos. Entonces, a partir de la información periodística y testimonios de estudiantes sobrevivientes de los sucesos de Iguala la noche del 26 para el 27 de septiembre hace ocho años, por simple lógica llegamos a esa conclusión elemental. Seis personas fueron asesinadas −tres de ellas estudiantes, uno de los cuáles, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado vivo− y 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron detenidos de manera tumultuaria y luego desaparecidos en un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Escribimos: "No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista (y racista) de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzada". (C. zio, "Ayotzinapa, terror clasista", La Jornada, 13 y 27/10/14).