Desde su aparición en la década de los treinta, las encuestas han despertado la sospecha del público, pero sobre todo su aplicación en la arena política ha suscitado grandes controversias, Mucho de este debate entre el público, los encuestadores y los profesionales de las ciencias sociales se ha centrado en los siguientes aspectos.

Se acusa a las encuestas de ser necesariamente superficiales y de solicitar opinión a personas que no están capacitadas para juzgar, pues la mayoría de la gente desconoce las cuestiones cada vez más complejas de la política y del gobierno; como el entrevistado es reacio a reconocer su ignorancia, su opinión desinformada carece de significado en el mejor de los casos y, en el peor, es engañosa, además, mucha gente tiene opiniones inconsistentes, de modo que puede manifestarse al mismo tiempo en favor de políticas contradictorias, por ejemplo. 

Para los encuestadores este problema puede superarse mediante el empleo de procedimientos cuidadosos, como las preguntas de control y la interpretación adecuada de los resultados.  Así, la propia encuesta puede medir el grado de ignorancia e inconsistencia de los entrevistados. 

De cualquier manera, para algunos las encuestas minan la democracia representativa, ya que los asuntos públicos deben ser decididos por los representantes de elección popular, los cuales están mejor capacitados e informados que el resto de la población.

Por otra parte, se atribuye a las encuestas interferir en los procesos democráticos a fomentar la “cargada" o efecto bandwagon, pues la gente, que trata siempre de estar del lado del ganador, cambia su voto en favor de quien aparece como puntero en las encuestas.  

Irónicamente, los resultados de las encuestas, sobre todo cuando reciben una amplia difusión, en lugar de medir la opinión pueden llegar a ser ingredientes activos de la formación de esa opinión.  Así, de ser el "pulso de la democracia", como las llamó George Gallup por su influencia, las encuestas se convierten en formadoras de la opinión pública.

Ante la inminente discusión de la propuesta de ley en materia de Seguridad Interior en el Senado de la República, dentro del proceso legislativo que se sigue para su eventual aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula el siguiente

POSICIONAMIENTO

• La relevancia de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo, desde hace más de diez años, como consecuencia de la crítica situación de violencia e inseguridad que ha enfrentado nuestro país, derivada de las actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales, ha propiciado que se plantee la conveniencia de emitir una ley en materia de Seguridad Interior como una vía para dar mayor sustento jurídico a tales tareas y proporcionar mayor certidumbre a las relaciones que se presenten entre autoridades y gobernados en este contexto.

• Si bien la emisión de un instrumento normativo en materia de Seguridad Interior podría explicarse en el contexto del abatimiento de la violencia, del combate a la inseguridad y el desarrollo de actividades ilícitas, lo cierto es que la propuesta de Ley cuya aprobación se plantea trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas, generando el riesgo potencial de que pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para ello.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. 

En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia,  incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión.

En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública.

"La militarización de México la hice con el fin de obtener un gran contingente de fuerzas para el caso de tener que emprender una campaña y también con este objeto: someter a todos los que quisieran oponerse a mi política, por medio de la disciplina militar.

No creo que nadie haya establecido un Gobierno Militar como el mío. Todos los mexicanos fueron militares. Los maestros de escuelas, los empleados, los barrenderos, los Ministros, los niños, los Gobernadores, los secretarios particulares, los diputados, los empleados de todas las ramas,... todos fueron militares.

Hasta las mujeres tuvieron grados en corporaciones militares: me valí de las instituciones de la Cruz Roja, la Cruz Blanca, la Cruz Azul… de no sé cuántas cruces...

Regía la Ordenanza en vez de la Constitución.

Por otra parte, extendía nombramientos de Generales, de Coroneles, de Capitanes, de todos los grados, a los civiles que me lo pedían.