En al menos tres ocasiones he abordado en Proceso la relación entre la enfermedad y el ejercicio del poder. No cualquier enfermedad, sino aquella que altera el sistema nervioso central e impide ejercer un cargo público, así como decidir racionalmente lo que es mejor para el interés público.

Ahora, sin embargo, es la primera vez que veo un caso autoincriminatorio, manifestado sin el menor rubor y sin consecuencia alguna, el ejemplo claro de que la corrupción y la impunidad gozan en el país de cabal salud. Me refiero al doctor Antonio de la Peña, miembro de El Colegio Nacional y fallido aspirante a rector de la UNAM, quien fue director adjunto de Ciencias del Conacyt y en los últimos seis años dirigió el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, de donde acaba de salir hace un par de meses, cuando literalmente ya no podía articular un discurso ni practicar un mínimo ejercicio racional del servicio público.

Seguir la campaña de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de México, Josefina Vázquez Mota, es un ejercicio cuaresmal. Hasta duele verla intensamente comprometida con su partido, con la causa perdida de la gubernatura mexiquense, empeñada hasta la médula en trabajar sin descanso por una victoria imposible, mirando apenas de reojo las encuestas que en los recientes días la mandan a un tercer lugar, después de Delfina Gómez Álvarez, la candidata del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que según una encuesta del 2 de mayo recibiría 29 por ciento del voto; mientras que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo, está en segundo lugar con 24.4 por ciento.

Josefina Vázquez Mota está decidida a ganar, pero tendría que saber que ese no es un asunto de su voluntad, sino de las preferencias de los electores, y no se puede realmente anticipar ni cómo van a votar ni por qué votaron como lo hicieron.

Para entender la violencia criminal se necesitan hechos confiables. El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 es un esfuerzo académico conjunto entre la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE).

El Atlas 2016 está precedido de las ediciones 2009 y 2012. En México, la información sobre los problemas de seguridad nacional, el combate al narcotráfico y la inseguridad pública ha mejorado en calidad y cantidad. No obstante, los análisis presentan gran cantidad de interpretaciones sobre el éxito o no de la estrategia del gobierno, la violación de derechos humanos y la catástrofe humanitaria que se observa.

Este texto se divide en dos secciones. En la primera se integran 16 análisis sobre diversos aspectos teóricos y estudios de temas y casos relevantes sobre la actual problemática de la seguridad en México. La segunda incluye una gran cantidad de cuadros estadísticos, organigramas, gráficas y mapas sobre asuntos tales como la defensa, la seguridad e inseguridad públicas, la procuración de justicia, el combate al crimen organizado, la grave situación de los derechos humanos, la vulnerabilidad de los comunicadores y la prensa, la transparencia y la percepción de la población sobre la violencia a través de encuestas de opinión pública. Finalmente, se incluye un apartado sobre la cooperación con Estados Unidos, tema que está en revisión desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump.

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Hubo una no tan breve época en la historia mexicana en la que el uso de las drogas no significó un problema para la sociedad. En buena parte de los inicios de la nación independiente su utilización no era ilegal ni perseguida ni estigmatizada, e incluso durante unos meses de 1940 fue lícita y su distribución estuvo a cargo del Estado.

Sin embargo en ese periodo también se fueron construyendo una concepción y una serie de actitudes sociales que condenaban el uso de las drogas, las que se fueron haciendo predominantes hasta el establecimiento de leyes que las prohíben, especialmente durante la Revolución mexicana y los primeros gobiernos de ella emanados.

Justamente sobre la historia de los procesos que desembocaron en la condena social al uso de las drogas y del correspondiente marco legal trata el libro de Ricardo Pérez Montfort (Ciudad de México, 1954) Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940 (México, Debate, 2016).

Sobre tan interesante volumen Etcétera conversó con el autor, quien es doctor en Historia por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue director de Desacatos, Revista de Ciencias Sociales y de la Revista de la Universidad de México. Autor de al menos 17 libros, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel III. Entre otras distinciones, le han sido otorgadas la Cátedra Eulalio Ferrer 2009 en la Universidad de Cantabria en Santander, España, y la Beca Edmundo O’Gorman de la Universidad de Columbia, en Nueva York.