El progreso económico no es sólo cuestión de crecimiento, sino de cómo se organiza y se distribuye ese crecimiento
Hace un par de semanas, la Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía a los investigadores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por su trabajo sobre cómo se forman las instituciones y su impacto en la prosperidad.

En la comedia de equivocaciones que ya es la reforma judicial, hay algunos episodios que se destacan. Que demuestran la incompetencia técnica, la necesidad de complacer o la precipitación de proponentes y aplaudidores. La velocidad de los actos y sus actores no ha permitido poner de manifiesto la gravedad de los acontecimientos ni adscribir las correspondientes responsabilidades. Como lo que está sucediendo dará lugar a distintas tragedias se hace necesario documentar esos graves episodios.

Primero vimos cómo una mayoría de votos se convertía en una mayoría calificada de escaños, con un margen de diferencia como no había sucedido en México desde hace más de 70 años. Violando preceptos constitucionales y con la complicidad de las autoridades electorales, el 54% de los votos se convirtió en el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Y cómo en la de Senadores la coalición oficial carecía de esa mayoría calificada y la construyó con chantajes y compras de legisladores a plena luz del día. Claro, porque nunca faltan quienes pueden ser chantajeados y comprados.

Seguirá siendo una democracia un país que altera la división de poderes?
La concentración de poder avanza sin que se perciba un plan definido de lo que el grupo en el poder quiere hacer con las capacidades crecientes que viene acaparando. Dudo mucho que la presidenta quiera convertirse en la próxima Daniel Ortega de este país y me parece poco probable que se esté pavimentando el camino para que López Obrador pueda regresar. La concentración de poder ha arrasado con la carrera judicial. Limitan severamente las capacidades de las entidades federativas y municipios de interponer controversias constitucionales, porque han decidido aplicar la cláusula de José Alfredo Jiménez “mi palabra es la ley… y mi proyecto el supremo”.