Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social:

Como Presidente de éste órgano de gobierno del IMSS, quiero hacer unas manifestaciones, que solicito a la Secretaria General queden íntegras en el acta de la sesión.

El IMSS es un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos; como órgano fiscal autónomo cobra cuotas a patrones y trabajadores, para dar cobertura de seguridad social a millones de mexicanos.

Es un organismo autónomo, cuya gestión es tripartita; gubernamental sí, pero también obrero y patronal; por eso administra su patrimonio con reglas especiales, empezando por la Ley del Seguro Social, a la que nuestra Constitución, como a ninguna otra norma del sistema jurídico mexicano, le otorga el calificativo de ley de “utilidad pública”, en el artículo 123, A, fracción XXIX.

El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

México, a 1 de marzo de 1842.

“Antonio López de Santa Anna, General de División, Benemérito de la Patria y Presidente provisional de la República Mexicana, a todos sus habitantes sabed:

Que, constante en el propósito de procurar el engrandecimiento de la Nación y la felicidad de sus habitantes, teniendo presente las proposiciones que me han sido presentadas por don José Garay y considerando que ningún medio puede ser más seguro y efectivo para proveer grandes resultados de beneficio nacional, que el de traer a la República el centro del comercio y de la navegación de todas las naciones y que esto será la consecuencia del establecimiento de un paso fácil y breve de uno al otro océano; que la naturaleza ofrece este medio sin grandes dificultades y sin necesidad de muy cuantiosas erogaciones en el Istmo de Tehuantepec, porque allí se baja y se abate la Sierra Madre hasta el punto casi de desaparecer, porque allí se encuentran dos puertos, uno en el norte y otro en el sur, poco distantes entre sí y que el espacio que los separa está comunicado en su mayor parte por una laguna y un río navegables; porque ese terreno intermedio se presta a los trabajos y obras necesarias, y abunda en materiales de construcción y que, si hasta ahora no se había fijado la atención en esta empresa, que ella sola decidirá del engrandecimiento de toda la República, ha sido quizá o porque no se había calculado la extensión de las consecuencias, o porque no se conocía la posibilidad de la ejecución, o bien porque, preocupados con la idea de una cortadura oceánica, no se había pensado en que un camino o un canal de trasbordo podía dar aproximadamente los mismos resultados.

El panopticum digital.- En abril de 2018, Facebook reconoció que, en realidad, los datos de más de 80 millones de usuarios habían sido compartidos con Cambridge Analytica, una de las empresas de publicidad que pavimentó el camino de Donald Trump a la Casa Blanca. Cuando algunos de estos usuarios intentaron demandar a Marc Zuckerberg en una corte de Illinois por invasión de privacidad, el juez rechazó incluso la viabilidad del caso. El empresario pidió una disculpa y case closed. Hace una semana, Juilian Assange, que filtró a la opinión pública, entre muchos otros documentos del Pentágono, pruebas decisivas sobre el carácter apócrifo de los móviles de la invasión estadunidense a Irak, se encuentra hoy detenido en una corte inglesa después de que el gobierno de Ecuador le denegó el derecho al asilo. Y es esta asimetría, que guarda la impunidad de un gigante digital que llevó a la Casa Blanca a un presidente que no se cansa de violar las reglas elementales del Estado de derecho y, al mismo tiempo, condena y persigue a dos individuos aislados empeñados en garantizar la libertad a la información, lo que pone en la actualidad en jaque el concepto mismo del Estado de derecho. Pues, ¿qué es el Estado de derecho si no la capacidad del Poder Judicial de actuar contra quien tiene el poder económico y político para violar sus leyes elementales? Es predecible que un ciudadano de a pie tenga que ceñirse a las leyes que regulan un orden; no lo es que un gigante como Facebook deba hacerlo. ¿O acaso ya se ha convertido el Estado en un simple suplemento del panóptico digital? ¡Horror vacui!

I. Punto de partida

La corrupción es el principal problema del país; su persistencia ha afectado a la sociedad, socavado la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minado el Estado de derecho y propiciado inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer a plenitud derechos fundamentales.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue el punto de partida para iniciar el combate de ese problema que afecta al Estado mexicano en su conjunto. Conviene recordar que el nacimiento del SNA tuvo tres razones: (1) Evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate a la corrupción, lo que hasta ahora ha generado traslapes e ineficiencia, a la vez que ha impedido la articulación de una política coherente de rendición de cuentas en el país; (2) Fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la corrupción involucrando tanto un sistema de alertas —los entes a cargo del control interno— como la fiscalización y el régimen disciplinario; (3) Responder a la necesidad de contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no sólo desde sus consecuencias.